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2017

Cada vez más tenemos el hábito de realizar compraventas on line y eso se traslada al mundo empresarial. Los nuevos cambios aprobados por la Unión Europea respecto al IVA en este tipo de negocios, podría afectarte.

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El gobierno rumano ha aprobado mediante Decreto medidas fiscales que afectan principalmente al Impuesto sobre la renta y al de Sociedades que entrarán en vigor en enero 2018.

Las medidas pretenden un mayor control de la evasión fiscal y afectarán a empresas rumanas y a las extranjeras con establecimientos permanentes y actividad en este Estado.

Los cambios más destacados son una reducción del impuesto similar a nuestro IRPF del 16 al 10%. Las compañías con una facturación inferior al millón de euros anuales dejarán de pagar el impuesto del 16% sobre los beneficios y abonarán ahora una tasa equivalente al 1% de sus ingresos.

Sin embargo, una de las medidas que ha sido muy controvertida, por novedosa y única en Europa, provocando numerosas protestas es la que afecta las cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores. A partir de enero, serán los propios trabajadores y no las empresas, los que tengan que pagar totalmente las cotizaciones de la seguridad social, pues las empresas sólo abonarán un 2,25% destinado a cubrir las bajas médicas; los costos de la seguridad social se verán reducidos del 39,25% al 35%.

 

Los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea, ECOFIN, han aprobado un paquete de medias en una Directiva y dos Reglamentos que buscan facilitar la recaudación del IVA cuando los ciudadanos adquieren bienes y servicios a distancia, on line.

El objetivo principal es reducir los 5.000 millones que pierde el fisco de los diferentes estados miembros por actividades fraudulentas en transacciones de este tipo.

Las nuevas medidas se aplicarán a compras por valor menor a 150€ creando un nuevo portal para estas operaciones desde terceros estados, extendiendo la ventanilla única de la UE al registro del IVA de ventas a distancia

Así se evitará que los proveedores online tengan que registrar el IVA en cada uno de los Estados miembros de la UE en los que venden bienes. Se prevé que esta medida genere un ahorro total de 2.300 millones para las compañías y un incremento de 7.000 millones en la recaudación a través del IVA en los Estados miembros.

El resultado para el consumidor es que éste, pagará el IVA en su país de residencia y autorizarán a las plataformas online a recaudar el IVA de las transacciones a distancia que realizan. Además, las reglas simplifican las disposiciones aplicables para pymes y start-ups; las operaciones transfronterizas inferiores a 10.000 euros se seguirán rigiendo por las normas de IVA nacionales.

Por último, se elimina la excepción para envíos desde terceros países cuyo valor no llega a 22 euros con el objetivo de evitar abusos actuales

Los Estados miembros tendrán hasta el 31 de diciembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2020 para transponer estas normas al ordenamiento jurídico de cada país

Para las provisiones sobre la ventanilla única, tanto comunitaria como desde terceros países, y para la eliminación de la excepción de IVA para pequeños envíos, se ha acordado una extensión hasta 2021.

En la última reunión del ECOFIN, formado por los Ministros de Economía y Hacienda de los países miembros de la UE, celebrada el pasado 5 de diciembre, se aprobó una nueva lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, ya conocida como la “lista negra PanUE”.

Los criterios considerados para la inclusión o no de países y jurisdicciones no UE han sido:

  • la trasparencia fiscal, en cuanto a los estándares internacionales de intercambio rogado y automático de información de cuentas financieras.
  • fair taxation”, eliminación de regímenes fiscales preferenciales perniciosos y/o facilitación de estructuras off shore que atraigan beneficios sin identificar la actividad económica.
  • Implementación de medidas “anti BEPS”, para evitar la erosión de las bases imponibles

La lista negra incluye 17 jurisdicciones: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao SAR, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez, Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, otras 47 jurisdicciones pasan de estar en la lista negra a una “lista gris” considerando su compromiso en la implantación de alguno de los tres criterios antes comentados a lo largo del 2018 y hasta final de 2019.

Este mes de diciembre ha entrado en vigor el acuerdo administrativo entre España y USA de intercambio de informes país por país con carácter anual.

Esto tipo de información pretende potenciar la transparencia fiscal y especialmente se fijará en indicadores de distribución mundial de las rentas, impuestos pagados y ubicación de la actividad económica entre los países y territorios fiscales en los que operan grupos multinacionales de empresas.

El fin es evitar riesgos vinculados con los precios de transferencia, erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, aunque también servirá a efectos estadísticos y de análisis económico.

 Esto afectará principalmente a los grupos de empresas multinacionales o los llamados “Grupo EMN”: grupos de dos o más empresas con residencia fiscal en distintos países o territorios, o una empresa residente a efectos fiscales en un Estado y sujeta a tributación en otro respecto a la actividad económica allí desarrollada a través de un establecimiento permanente.

Argentina intenta dar un paso adelante con la próxima modernización de su sistema fiscal, de momento es una propuesta, pero existen grandes posibilidades de que se apruebe y entre en vigor en 2018.

 Esta reforma fiscal, implicará una reducción progresiva del Impuesto de Sociedades, del 35% actual, al 30% hasta llegar a un 25% de objetivo, mientras que, por otro lado, se prevé implantar de nuevo el impuesto sobre los dividendos que se había abolido en 2016. De algún modo, la carga fiscal quedará compensada.

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Ante la situación de su vecino Estonia, que se ha convertido en el primer país europeo que ha propuesto abiertamente la perspectiva de una moneda digital administrada por el gobierno y ofrecida a los más de 20.000 residentes en el país, y a los empresarios extranjeros que constituyan empresas en este Estado, el organismo de control financiero de Eslovenia  advierte que las monedas virtuales, como el bitcoin, no están reguladas ni garantizadas por el banco central esloveno ni por ningún otro organismo estatal.

Esta moneda virtual que permite la transferencia de valores entre sí, y el pago de bienes y servicios fuera de los bancos y del sistema financiero convencional, indica que son meras ventas de «fichas» digitales que no tienen supervisión reguladora.

La Junta de Estabilidad Financiera eslovena advierte sobre los riesgos de la moneda virtual, al no estar respaldada por el Estado y se alinea con las indicaciones del Banco Central Europeo, subrayando que, hasta la fecha, el Euro es la única moneda válida en su zona de influencia.

El BOE de 9 de noviembre, ha publicado la ley 9/2017 de Contratos del sector público por la que se trasponen las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que entrarán en vigor, salvo excepciones, el 9 de marzo de 2018.

Esta nueva normativa se dirige principalmente a la prevención de conflictos de intereses, la lucha contra la corrupción y al fomento de la transparencia.

Destacan en este sentido, la eliminación de la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía, la aplicación de un modelo de publicidad que pone en valor la Plataforma de Contratos del Sector público (se deben publicar allí necesariamente todas las licitaciones), la regulación de los conflictos de intereses y ampliación de las prohibiciones de contratar por vínculos familiares.

Señalar asimismo, los esfuerzos en aclarar la naturaleza jurídica de los importes exigidos por la prestación de un servicio público, tanto en los casos de gestión directa, como indirecta (concesiones); el refuerzo del recurso especial y su extensión a cuantías inferiores a las del importe armonizado; la profesionalización de las mesas,…

La normativa recoge además una simplificación burocrática a través del nuevo procedimiento abierto simplificado y la declaración responsable. En este contexto, se rebajan cuantías, pero se imponen nuevas reglas dirigidas a evitar que sirvan de cobertura a través de la » fragmentación del objeto», para rebajar los controles; y se obliga a informar de los contratos menores asociados a cada contratista.

El Parlamento Europeo ha aprobado un modelo uniforme para los permisos de residencia que afectarán a los nacionales de terceros países.

El objetivo es evitar las falsificaciones y fraudes existentes. Esta medida afecta a los países que se acogen al Tratado Schengen, por lo que Reino Unido e Irlanda no se verán afectados por este Reglamento.

Tras la entrada en vigor de este Reglamento, cada Estado establecerá su período transitorio para implantarlo

El pasado 10 de noviembre, Qatar se ha adherido al Convenio del proyecto BEPS de la OCDE sobre asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales, enmendado por el Protocolo de 2010, elevando a 115 el número total de sus miembros.

Como nuevo miembro, Qatar se ha comprometido a luchar contra la evasión fiscal internacional extraterritorial ampliando rápidamente su red de socios de intercambio de información. La Convención permitirá a Qatar implementar rápidamente las medidas de transparencia del proyecto, en particular el intercambio automático de informes País por país (CbCR) en la Acción 13.

Tras la ratificación y entrada en vigor de este acuerdo, Qatar podrá participar en el intercambio bilateral de información con más de 100 jurisdicciones, por lo que las empresas multinacionales con sede en Qatar deberán seguir garantizando la coherencia en sus transacciones y operaciones transfronterizas.

Respecto a las entidades no residentes con establecimientos permanentes en Qatar, el gobierno qatarí podrá intercambiar información con las autoridades fiscales de su país de origen.

El Reporte País por País, más conocido por sus siglas en inglés, CbCR, Country-by-Country Report, es una de las iniciativas del Plan de Acción 13 BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, “Base Erosion and Profit Shifting”) de la OCDE.

El CbCR consiste en la obligación de las grandes multinacionales (más de 750 millones de Euros de ingresos combinados) de realizar una declaración anual correspondiente al año precedente, desglosando los elementos financieros claves de las jurisdicciones en las que tiene presencia de negocio.

De este modo, las autoridades tributarias tienen visibilidad sobre las ganancias, ingresos, impuestos pagados, empleados, capital, ganancias retenidas, activos patrimoniales y en general de la actividad comercial y de negocio desarrollada en el ejercicio. Este Reporte se exige desde el uno de enero de 2016.

En ante el aumento de las multinacionales que han establecido sus sedes sociales en Irlanda, ha surgido la necesidad de este reporte para obtener datos que ayuden a evitar la erosión de la base imponible que pudiera corresponder. Esta novedad está planteando problemas prácticos para su ejecución, y reticencias por parte de las mercantiles afectadas, por lo que la propia Comisión Europeo ha modificado el modelo de presentación estándar, adaptándolo al sistema electrónico y facilitando el acceso a la información, lo cual ha llevado a la aprobación de una ampliación de plazo, hasta el 27 de febrero de 2018, por parte de Irlanda que supondrá una importante demora en la recaudación de impuestos en este Estado.

En esta misma línea, Australia, aun no siendo de la UE y no estando afectada por este modelo estandarizado, también ha ampliado el plazo de presentación de esta información fiscal hasta el 15 de febrero de 2018

 

Rumanía está haciendo grandes esfuerzos para asemejarse al resto de los países UE y dar una imagen moderna y de seguridad jurídica. Son muchos los cambios a nivel legislativo, laboral y fiscal que estamos apreciando en los últimos tiempos asemejando su normativa a los estándares europeos.

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Desde finales de octubre, ya está en vigor el nuevo sistema de registro comercial de las sociedades de nueva creación en China. Se trata de un nuevo procedimiento de obtención de licencia de comercio electrónica denominado “Five-in-one Business license” que estaba previsto en la reforma de la ley de inversiones que data de 2014 y que tiene como objetivo digitalizar toda la documentación societaria.

Sin duda es una novedad que afecta a las empresas extranjeras con intereses en China ya que los plazos y procedimientos se acortan considerablemente, facilitando además el control y seguimiento de cualquier modificación por vía telemática a través de una contraseña y usuario.

A partir de ahora tanto los documentos generados electrónicamente por este nuevo sistema como los antiguos en papel tendrán la misma validez, aunque la idea es ir implantando en todas las regiones del país el nuevo sistema de registro.

La Autoridad Fiscal Federal de los EAU (Federal Tax Authority – FAT) ha abierto su portal en línea para permitir que los contribuyentes se registren a efectos del IVA, lo cual afecta a muchas entidades extranjeras que tendrán que realizar declaraciones trimestrales.

El registro es obligatorio para empresas que realicen compras e importaciones gravadas (previstas o realizadas en los últimos 12 meses) con importes superiores a 375.000 dirhams (87.000 Euros aprox.). Para importes entre 187.500 y 375.000 dirhams, el registro es voluntario.

La FAT ha definido los plazos de solicitud de registro de IVA en función del volumen de negocios de las empresas, introduciendo este registro por fases, que comenzó ya en el pasado mes de octubre.

  • Empresas con una facturación anual superior a 150 millones de dírhams de Emiratos Árabes (AED), deben registrarse antes del 31 de octubre 2017.
  • Empresas con una facturación anual superior a 10 millones de AED deben solicitar la inscripción antes del 30 de noviembre 2017.
  • Empresas restantes, con un volumen de negocios anual superior al umbral de registro obligatorio (que se espera que sea de 375 000 AED) deben solicitar el registro antes del 4 de diciembre 2017.

El tipo estándar es del 5%. El tipo del 0% es para los sectores de educación, salud, transporte internacional, exportaciones fuera de CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) e inmuebles residenciales nuevos vendidos en los tres primeros años desde que se hubiese construido el mismo.

Entre las exenciones a destacar se encuentran los seguros de vida, la venta de propiedad residencial (si hubiesen transcurridos 3 años desde su construcción), el alquiler inmobiliario (residencial), la compra de solares, los servicios financieros y el transporte local.

Esta entrada en vigor del IVA en enero de 2018 sin duda acarrea consecuencias prácticas y obligaciones para todas las entidades mercantiles como son la adaptación tanto de facturas como de contratos comerciales, declaración de impuestos y conservación de la documentación contable durante 5 años fiscales.

 

El Consejo de Ministros español ha autorizado la firma del Convenio de referencia con Rumanía, el cual actualizará el vigente que data de 1979.

Se respalda así la idea de ambos países de desarrollar las relaciones económicas y se establecen criterios relativos a la imposición sobre las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, rentas del trabajo, remuneraciones de consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, función pública, estudiantes y personas en prácticas, así como otras rentas. Todo ello incorporando los estándares de la UE y de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

El nuevo Decreto-Ley 15/2017 de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos, reforma la Ley de Sociedades de Capital, y facilita el cambio de domicilio social a las empresas dentro del territorio nacional, pese a que sus estatutos establezcan de forma clara, que esa decisión corresponde a la Junta de Accionistas.

Cambiar el domicilio social de una empresa, manteniéndolo en la misma ciudad, normalmente lo podía hacer el órgano de administración, salvo que se hubiera previsto estatutariamente otra cosa. Sin embargo, cambiar la sede social de la ciudad en la que está, era competencia reservada e indelegable de la junta general.

La nueva modificación incluye en el art 285 de la Ley de Sociedades de Capital, que excepcionalmente, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos, y se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.

Además, se incluye una disposición transitoria que subraya que se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos, solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.

 

Canadá ofrece un mercado para España en fuerte crecimiento. Este país ocupa el destino 30º de las exportaciones españolas (0,51% del total), sin embargo, su cercanía al mercado norteamericano le permite ofrecer una plataforma desde la que exportar a EEUU. Además, el ambicioso programa de inversión pública del nuevo gobierno de Justin Trudeau, por importe aproximado de 5.000 millones de dólares canadienses, constituye una oportunidad adicional para la inversión de empresas españolas.

 En EXTERNA CORPORATIVO te ayudamos a desarrollar tu actividad comercial en CANADÁ. Aprovechando la entrada en vigor del CETA, acuerdo comercial entre la UE y Canadá, no se debe dejar escapar la oportunidad de abrirse a un nuevo mercado que ofrece tantas posibilidades.

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El pasado 30 de septiembre, se sancionó la nueva ley de contrataciones públicas. Esta nueva norma, modifica la Ley 22 de 2006, que regulaba la Contratación Pública en Panamá, y tiene como principio hacer más eficientes los procesos de compras y mejorar los niveles de transparencia en el sistema de contrataciones del Estado.

Estos cambios, que forman parte del compromiso del presidente Varela con la transparencia y la eficiencia, pretenden que empresas interesadas en contratar con el Estado puedan competir en igualdad de condiciones.

Entre las principales modificaciones figuran la eliminación de la licitación abreviada, mayor control en los procesos de “llave en mano”, un tope en las adendas, y se limita el uso de los pagos anticipados.

Esta reforma, era una exigencia de la sociedad civil y empresas panameñas, en especial tras el estallido de escándalos por los sobornos de importantes contratistas del Estado panameño.

 

Filipinas acaba de simplificar el procedimiento para reclamar los beneficios de tratados fiscales que afecten a dividendos, intereses, ingresos por regalías de los no residentes, medidas muy interesantes para las corporaciones y estructuras societarias de grupos extranjeros no residentes.

La Orden incluye un nuevo Certificado de Residencia para el Formulario de Alivio de los Tratados Tributarios (CORTT). La presentación de este nuevo certificado es voluntaria, aplicándose las tasas genéricas estatales si no se solicitan los alivios tributarios por esta vía.

Reducción del impuesto de sociedades (General Corporate Tax Rate)

 El Gobierno Belga ha anunciado una considerable reducción en el tipo genérico del impuesto de sociedades, que bajará del 33,9% al 29% en 2018 y al 25% en 2020.

Para las pequeñas y medianas empresas, el tipo estará en el 20% para el primer tramo de 100.000 Euros.

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