En EXTERNA CORPORATIVO te ayudamos a dar seguimiento a tu negocio en Francia. Las dificultades, sobre todo en las actividades de construcción y rehabilitación debido a las duras exigencias en garantías y seguros, así como en el marco laboral pueden afectar a tu negocio en este destino.
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El objetivo de esta revisión es reforzar el compromiso a largo plazo de los accionistas en las empresas europeas cotizadas. Se revisan las Directivas 2007/36/EC y la 2013/34/EU.
La larga crisis financiera ha dado lugar a riesgos a corto plazo en decisiones de los gerentes y directivos de estas empresas. Esta revisión pretende incrementar la sostenibilidad de estas empresas para crear un mayor crecimiento y empleo, dentro de un marco de transparencia.
Se establecen requisitos nuevos que afectan a: remuneración de los consejeros, identificación de accionistas, facilitación del ejercicio de los derechos de los accionistas, transmisión de información, transparencia para inversores institucionales, gestores de activos y consejeros delegados y para transacciones con partes relacionadas.
Los accionistas tendrán derecho a votar sobre la política retributiva de los consejeros de su empresa y se divulgará tras la Junta General que la apruebe. Deberá contribuir a la estrategia empresarial, los intereses a largo plazo y la sostenibilidad de la empresa y no debe estar vinculada a objetivos a corto plazo.
El desempeño de los directores será evaluado utilizando criterios tanto financieros como no financieros, incluyendo factores ambientales, sociales y de gobernabilidad apropiados.
Respecto a las transacciones con partes vinculadas, la nueva directiva establece que las transacciones con partes relacionadas significativas deben someterse a la aprobación de los accionistas o del órgano administrativo o de supervisión para proteger adecuadamente los intereses de la empresa.
La nueva directiva se publicará en el Diario Oficial de la UE, tras lo cual los Estados miembros dispondrán de hasta dos años para incorporar las nuevas disposiciones a la legislación nacional.
El pasado 23 de marzo el Tribunal Supremo se pronunció respecto al registro obligatorio del horario diario de la plantilla en las empresas españolas, contradiciendo así la sentencia de la Audiencia Nacional de 4 de diciembre de 2015 por la cual se hacía una interpretación amplia de lo recogido en el art. 35.5 del Estatuto de los Trabajadores
El Pleno de la Sala IV del Tribunal Supremo interpreta de un modo más literal el artículo 35.5 del Estatuto de los Trabajadores, considerando que no es necesario llevar un control del horario diario de la plantilla para comprobar el cumplimiento de la jornada laboral y de los horarios pactados, y que dicho control debe ejercitarse únicamente sobre las horas extras.
El Tribunal Supremo reconoce en su sentencia que convendría modificar la normativa al respecto para mayor protección del trabajador para poder demostrar la jornada laboral efectuada, pero interpretar extensivamente el artículo 35.5 actualmente supone infringir otros artículos del propio Estatuto de los Trabajadores como el 28.3. y por otro lado, es exagerado considerar que el trabajador se encuentra indefenso ya que con la normativa existente, la empresa está en la obligación de controlar y notificar las horas extras realizadas.
Finalmente, y no sin dificultad y reticencia, el Gobierno ruso ha aprobado la entrada en vigor de la Ley federal N215 sobre la identificación sobre los titulares reales de las personas físicas que obtengan beneficios empresariales.
La obligación de recabar la información y comunicarla recae sobre las personas jurídicas, quienes deberán identificar a todos los representantes que intervengan en su accionariado, incluidos sus fundadores. Las sanciones a empresas por su incumplimiento pueden ascender a 500.000 rublos rusos.
La norma aclara que el recabar dicha información no viola la ley federal sobre protección de datos personales y establece un listado de empresas que no están obligadas a cumplir con este requisito.
El próximo 20 de mayo de 2017, entra en vigor la Ley nº 16/2017 en Rumanía por la cual se unifican los criterios de desplazamiento de trabajadores a este país en el marco de prestaciones de servicios por tiempo definido.
Este nuevo marco normativo traspone las Directivas Europeas, Directiva 96/71/CE, 2014/67/EU y 96/71/EC sobre traslado de trabajadores, unificando y aclarando los derechos y obligaciones de trabajadores extranjeros desplazados temporalmente en Rumanía, así como las obligaciones de las empresas involucradas en sus desplazamientos, considerando como tales aquellas establecidas legalmente dentro de la UE o en Suiza.
Esta ley establece la responsabilidad de los empleadores en relación a respetar los salarios mínimos establecidos en los países UE en cuanto al traslado de sus empleados, así como las sanciones en caso de incumplimiento de las condiciones laborales establecidas para los trabajadores desplazados.
