Diciembre 2017

El gobierno rumano ha aprobado mediante Decreto medidas fiscales que afectan principalmente al Impuesto sobre la renta y al de Sociedades que entrarán en vigor en enero 2018.

Las medidas pretenden un mayor control de la evasión fiscal y afectarán a empresas rumanas y a las extranjeras con establecimientos permanentes y actividad en este Estado.

Los cambios más destacados son una reducción del impuesto similar a nuestro IRPF del 16 al 10%. Las compañías con una facturación inferior al millón de euros anuales dejarán de pagar el impuesto del 16% sobre los beneficios y abonarán ahora una tasa equivalente al 1% de sus ingresos.

Sin embargo, una de las medidas que ha sido muy controvertida, por novedosa y única en Europa, provocando numerosas protestas es la que afecta las cotizaciones de la seguridad social de los trabajadores. A partir de enero, serán los propios trabajadores y no las empresas, los que tengan que pagar totalmente las cotizaciones de la seguridad social, pues las empresas sólo abonarán un 2,25% destinado a cubrir las bajas médicas; los costos de la seguridad social se verán reducidos del 39,25% al 35%.

En la última reunión del ECOFIN, formado por los Ministros de Economía y Hacienda de los países miembros de la UE, celebrada el pasado 5 de diciembre, se aprobó una nueva lista de jurisdicciones no cooperativas en materia fiscal, ya conocida como la “lista negra PanUE”.

Los criterios considerados para la inclusión o no de países y jurisdicciones no UE han sido:

• la trasparencia fiscal, en cuanto a los estándares internacionales de intercambio rogado y automático de información de cuentas financieras.
• “fair taxation”, eliminación de regímenes fiscales preferenciales perniciosos y/o facilitación de estructuras off shore que atraigan beneficios sin identificar la actividad económica.
• Implementación de medidas “anti BEPS”, para evitar la erosión de las bases imponibles

La lista negra incluye 17 jurisdicciones: Samoa Americana, Bahréin, Barbados, Granada, Guam, Corea del Sur, Macao SAR, Islas Marshall, Mongolia, Namibia, Palau, Panamá, Santa Lucía, Samoa, Trinidad y Tobago, Túnez, Emiratos Árabes Unidos.

Por otro lado, otras 47 jurisdicciones pasan de estar en la lista negra a una “lista gris” considerando su compromiso en la implantación de alguno de los tres criterios antes comentados a lo largo del 2018 y hasta final de 2019.

Este mes de diciembre ha entrado en vigor el acuerdo administrativo entre España y USA de intercambio de informes país por país con carácter anual.

Esto tipo de información pretende potenciar la transparencia fiscal y especialmente se fijará en indicadores de distribución mundial de las rentas, impuestos pagados y ubicación de la actividad económica entre los países y territorios fiscales en los que operan grupos multinacionales de empresas.

El fin es evitar riesgos vinculados con los precios de transferencia, erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, aunque también servirá a efectos estadísticos y de análisis económico.

 Esto afectará principalmente a los grupos de empresas multinacionales o los llamados “Grupo EMN”: grupos de dos o más empresas con residencia fiscal en distintos países o territorios, o una empresa residente a efectos fiscales en un Estado y sujeta a tributación en otro respecto a la actividad económica allí desarrollada a través de un establecimiento permanente.