En los primeros cinco meses del 2017, los concursos públicos en Italia se incrementaron en número en un 43% respecto al año anterior, y en un 133,5% en su valor.
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Hasta la fecha, las licencias SAGIA para realizar actividades económicas en el país, tenían una validez de un año y debían ser renovadas mediante la presentación de una solicitud junto con documentación de respaldo, que incluía certificados de buena reputación de la Autoridad General para Zakat e Impuestos (GAZT), Organización para la Seguridad Social (GOSI), Ministerio de Trabajo, así como estados financieros auditados.
Las autoridades saudíes han anunciado que a partir del 10 de junio, las empresas en Arabia Saudi, pueden renovar sus actuales Licencias SAGIA, con validez de cinco años. Los beneficios de este nuevo servicio incluyen: cinco años de validez de la licencia, proceso de solicitud cada cinco años, y la posibilidad de renovar otros documentos pertinentes del gobierno para el mismo período de tiempo.
Para solicitar esta ampliación, se requieren entre otros los siguientes documentos: copia del certificado válido de Zakat, del impuesto sobre la renta, del certificado de seguro social válido (GOSI), copia del certificado válido de Saudización y los últimos estados financieros auditados por un contador público.
La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento Europeo ha aprobado el 8 de junio, un mecanismo «obligatorio y vinculante» para la resolución de disputas surgidas entre Estados Miembros en lo referente a la doble imposición.
El objetivo, es aclarar las distintas interpretaciones de los Convenios de Doble Imposición, y reforzar la seguridad fiscal.
Este sistema se aplicará a las disputas notificadas a partir del 1 de enero de 2018, no obstante, cada Estado puede aplicar el mismo para casos de años fiscales anteriores.
El mecanismo podrá iniciarse a instancia del contribuyente, como procedimiento de mutuo acuerdo. Su plazo máximo de resolución son dos años (con posibilidad de prórroga de un año adicional), y en caso de que no haya mutuo acuerdo, se iniciaría un procedimiento de arbitraje.
Esta Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación, y los Estados miembros dispondrán hasta el 30 de junio de 2019 para adaptarla a sus correspondientes legislaciones.
La Comisión Europea en segunda vuelta y más tarde que EEUU, ha impuesto el pasado 8 de junio, derechos antidumping definitivos de hasta el 35,9%, a las importaciones chinas de acero plano laminado en caliente, sin alear o de otros aceros aleados, empleados en la construcción de barcos, contenedores de gas, depósitos bajo presión o tuberías.
A raíz de una investigación sobre este tipo de importaciones de acero, la UE advirtió que varias empresas chinas vendían estos productos siderúrgicos por debajo de su valor normal de mercado, con un margen entre el 120% y el 127%, al beneficiarse la industria china de préstamos preferenciales, rebajas fiscales y «otras inyecciones financieras sustanciales» que han permitido exportar a los Veintiocho sus productos «a precios artificialmente bajos», por debajo de los costes de fabricación, lo cual ha afectado seriamente al nivel de los precios de los productos europeos con reducciones de capacidad e incluso con cierres de fábricas.
El Reglamento y sus medidas son obligatorios y directamente aplicables en cada Estado Miembro desde el pasado 9 de junio.
El Gobierno de Uruguay, ha anunciado un incremento de la tasa para las importaciones, incluso la de Mercosur, que tiene como objetivo aumentar el gasto en educación y servicios sociales en el país.
Esta “tasa consular”, que Uruguay se comprometió a eliminar por indicación de la Organización Mundial de Comercio, actualmente está fijada en 2% para las importaciones de cualquier país y será aumentada a 3% para los bienes provenientes de la Argentina y Brasil, y a 5% para los de la extra zona.
Las importaciones de bienes de capital, y las de petróleo, no estarían sujetas a este tributo, y se mantendría la tasa del 0% para la adquisición de productos procedentes de México, en virtud del tratado de libre comercio bilateral entre ambos países.
El anuncio, que precisa la aprobación del Parlamento, implicaría no seguir las recomendaciones de la OMC y una distorsión del acuerdo de Mercosur.
La OMC, en junio 2018, someterá a Uruguay a un examen de política comercial.
Se impulsa un anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos para adaptar la legislación española al Reglamento UE 2016/679, antes de su aplicación el 25 de mayo de 2018.
En esta reforma se introducirán novedades como la exclusión del consentimiento tácito, que deberá ser expreso y afirmativo, y se regularán los sistemas de información crediticia y de video vigilancia. Además, introduce nuevos elementos, como el derecho al olvido y el derecho a la portabilidad, que mejoran la capacidad de decisión y control de los ciudadanos sobre los datos personales que se confían a terceros.
Uno de los aspectos esenciales del Reglamento, será lo que se conoce como responsabilidad activa de las empresas, con la nueva normativa, se entiende que actuar sólo cuando ya se ha producido una infracción es insuficiente, dado que pueden causarse daños a los interesados de muy difícil reparación o compensación. Para ello, el Reglamento prevé una batería completa de medidas de protección de datos desde el diseño, la protección por defecto, la realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos, y la promoción de códigos de conducta y esquemas de certificación…
La adaptación de nuestra legislación a este Reglamento comunitario hace necesaria la elaboración de una nueva Ley Orgánica para evitar contradicciones, y las empresas deberán revisar sus tratamientos de datos personales para adaptarlos a esas exigencias.
