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Noviembre 2017

Argentina intenta dar un paso adelante con la próxima modernización de su sistema fiscal, de momento es una propuesta, pero existen grandes posibilidades de que se apruebe y entre en vigor en 2018.

 Esta reforma fiscal, implicará una reducción progresiva del Impuesto de Sociedades, del 35% actual, al 30% hasta llegar a un 25% de objetivo, mientras que, por otro lado, se prevé implantar de nuevo el impuesto sobre los dividendos que se había abolido en 2016. De algún modo, la carga fiscal quedará compensada.

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Ante la situación de su vecino Estonia, que se ha convertido en el primer país europeo que ha propuesto abiertamente la perspectiva de una moneda digital administrada por el gobierno y ofrecida a los más de 20.000 residentes en el país, y a los empresarios extranjeros que constituyan empresas en este Estado, el organismo de control financiero de Eslovenia  advierte que las monedas virtuales, como el bitcoin, no están reguladas ni garantizadas por el banco central esloveno ni por ningún otro organismo estatal.

Esta moneda virtual que permite la transferencia de valores entre sí, y el pago de bienes y servicios fuera de los bancos y del sistema financiero convencional, indica que son meras ventas de «fichas» digitales que no tienen supervisión reguladora.

La Junta de Estabilidad Financiera eslovena advierte sobre los riesgos de la moneda virtual, al no estar respaldada por el Estado y se alinea con las indicaciones del Banco Central Europeo, subrayando que, hasta la fecha, el Euro es la única moneda válida en su zona de influencia.

El BOE de 9 de noviembre, ha publicado la ley 9/2017 de Contratos del sector público por la que se trasponen las Directivas 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, que entrarán en vigor, salvo excepciones, el 9 de marzo de 2018.

Esta nueva normativa se dirige principalmente a la prevención de conflictos de intereses, la lucha contra la corrupción y al fomento de la transparencia.

Destacan en este sentido, la eliminación de la posibilidad de utilizar el procedimiento negociado sin publicidad por la cuantía, la aplicación de un modelo de publicidad que pone en valor la Plataforma de Contratos del Sector público (se deben publicar allí necesariamente todas las licitaciones), la regulación de los conflictos de intereses y ampliación de las prohibiciones de contratar por vínculos familiares.

Señalar asimismo, los esfuerzos en aclarar la naturaleza jurídica de los importes exigidos por la prestación de un servicio público, tanto en los casos de gestión directa, como indirecta (concesiones); el refuerzo del recurso especial y su extensión a cuantías inferiores a las del importe armonizado; la profesionalización de las mesas,…

La normativa recoge además una simplificación burocrática a través del nuevo procedimiento abierto simplificado y la declaración responsable. En este contexto, se rebajan cuantías, pero se imponen nuevas reglas dirigidas a evitar que sirvan de cobertura a través de la » fragmentación del objeto», para rebajar los controles; y se obliga a informar de los contratos menores asociados a cada contratista.

El Parlamento Europeo ha aprobado un modelo uniforme para los permisos de residencia que afectarán a los nacionales de terceros países.

El objetivo es evitar las falsificaciones y fraudes existentes. Esta medida afecta a los países que se acogen al Tratado Schengen, por lo que Reino Unido e Irlanda no se verán afectados por este Reglamento.

Tras la entrada en vigor de este Reglamento, cada Estado establecerá su período transitorio para implantarlo

El pasado 10 de noviembre, Qatar se ha adherido al Convenio del proyecto BEPS de la OCDE sobre asistencia administrativa mutua en asuntos fiscales, enmendado por el Protocolo de 2010, elevando a 115 el número total de sus miembros.

Como nuevo miembro, Qatar se ha comprometido a luchar contra la evasión fiscal internacional extraterritorial ampliando rápidamente su red de socios de intercambio de información. La Convención permitirá a Qatar implementar rápidamente las medidas de transparencia del proyecto, en particular el intercambio automático de informes País por país (CbCR) en la Acción 13.

Tras la ratificación y entrada en vigor de este acuerdo, Qatar podrá participar en el intercambio bilateral de información con más de 100 jurisdicciones, por lo que las empresas multinacionales con sede en Qatar deberán seguir garantizando la coherencia en sus transacciones y operaciones transfronterizas.

Respecto a las entidades no residentes con establecimientos permanentes en Qatar, el gobierno qatarí podrá intercambiar información con las autoridades fiscales de su país de origen.

El Reporte País por País, más conocido por sus siglas en inglés, CbCR, Country-by-Country Report, es una de las iniciativas del Plan de Acción 13 BEPS (Erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, “Base Erosion and Profit Shifting”) de la OCDE.

El CbCR consiste en la obligación de las grandes multinacionales (más de 750 millones de Euros de ingresos combinados) de realizar una declaración anual correspondiente al año precedente, desglosando los elementos financieros claves de las jurisdicciones en las que tiene presencia de negocio.

De este modo, las autoridades tributarias tienen visibilidad sobre las ganancias, ingresos, impuestos pagados, empleados, capital, ganancias retenidas, activos patrimoniales y en general de la actividad comercial y de negocio desarrollada en el ejercicio. Este Reporte se exige desde el uno de enero de 2016.

En ante el aumento de las multinacionales que han establecido sus sedes sociales en Irlanda, ha surgido la necesidad de este reporte para obtener datos que ayuden a evitar la erosión de la base imponible que pudiera corresponder. Esta novedad está planteando problemas prácticos para su ejecución, y reticencias por parte de las mercantiles afectadas, por lo que la propia Comisión Europeo ha modificado el modelo de presentación estándar, adaptándolo al sistema electrónico y facilitando el acceso a la información, lo cual ha llevado a la aprobación de una ampliación de plazo, hasta el 27 de febrero de 2018, por parte de Irlanda que supondrá una importante demora en la recaudación de impuestos en este Estado.

En esta misma línea, Australia, aun no siendo de la UE y no estando afectada por este modelo estandarizado, también ha ampliado el plazo de presentación de esta información fiscal hasta el 15 de febrero de 2018

 

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