X
Menu

2018

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en tu adaptación a la normativa en materia de Protección de Datos Personales

Como hemos comentado en los últimos meses, la normativa europea en materia de Protección de Datos ha sufrido enormes variaciones que son de directa aplicación en todos los países miembros. En el mes de ju, en España ya se ha publicado un marco más claro en cuanto a las sanciones aplicables y responsabilidades del tratamiento de los mismos.

 En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a implementar las nuevas exigencias normativas a tu empresa, intentando establecer procedimientos y facilitar todos los cambios para que te resulte fácil la adaptación y minores los riesgos.

La previsión y organización en tus negocios te ayuda a crecer

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

El pasado 2 de agosto, se publicó el Decreto Legislativo 1372, por el cual el Poder Ejecutivo ha establecido que la información del beneficiario final podrá ser utilizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para verificar el debido cumplimiento de obligaciones tributarias, y luchar contra la elusión y evasión de tributos.

El Decreto establece expresamente que todas las personas jurídicas y entes jurídicos (tales como fideicomisos, fondos de inversión, consorcios y otras estructuras jurídicas que no tienen personalidad jurídica propia) deberán presentar la Declaración de Beneficiario Final ante la SUNAT. Especialmente se señala que los trusts extranjeros que cuenten con administradores o representantes domiciliados en Perú tendrán esa misma obligación.

El hecho de no presentar dicha declaración supondrá multas de hasta el 0,6% de los ingresos netos del ejercicio, la consideración de sus representantes como solidarios ante cualquier deuda tributaria con la entidad y la imposibilidad de acceder a ciertos servicios notariales.

Siguiendo la misma línea de la OCDE y de los criterios del BEPS, este Decreto ha hecho mención expresa a que la información sobre el beneficiario final de los clientes no se encuentra protegida por el secreto profesional de abogados y/o contadores en una serie de supuestos que resultan muy amplios y exhaustivos.

Sin embargo, el Decreto no ha establecido ni plazos ni formas para llevar a cabo esta declaración, por lo que aún se está a la espera de otra norma que aclare esos vacíos, aunque lo que sí supone es un aviso a todas estructuras que gozan de cierta opacidad hasta ahora, así como un indicio de que este Estado se va adaptando a la normativa internacional vigente en la materia.

Ya estamos viendo este cambio en el sector en el marco de la UE y vemos que “al otro lado del charco” los gobiernos están adoptando medidas similares, en muchos casos ya existentes pero que se van definiendo mejor.

En este caso, vemos cómo Uruguay que, ya gravaba a aquellas entidades extranjeras que realizan ventas en el territorio de este Estado, no teniendo presencia en él ni estando constituidas bajo su ordenamiento jurídico, ha realizado modificaciones para precisar que estarán sujetas a imposición siempre que los usuarios finales tengan su residencia en este Estado.

A estos efectos se considerará que se cumple con el requisito de estar domiciliado en Uruguay si:

  • la dirección IP del ordenador, teléfono móvil o dispositivo relevante, se encuentra en Uruguay,
  • la dirección de facturación se encuentra en Uruguay, o
  • la tarjeta de crédito que se utiliza, es administrada por una institución financiera uruguaya

Así, cada vez se acota más el negocio de las grandes plataformas como Netflix, Spotify especialmente que son las más afectadas en este sentido.

El pasado mes de julio, tras su publicación en el BOE, entró en vigor la Circular 2/2018, con las nuevas obligaciones impuestas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) en relación a los informes anuales de gobierno corporativo (IAGC) y de remuneraciones de consejeros (IARC) que las entidades cotizadas deben presentar en relación a los ejercicios cerrados a fecha de 31 de diciembre de 2018.

En grandes líneas, la Circular 2/2018 pretende introducir nuevos contenidos a los incluidos en el Real Decreto-Ley 18/2017 en materia de diversidad en cuanto a formación y experiencia profesional, edad, discapacidad y género, permitiendo además el formato de libre diseño para ambos tipos de informes, pero con la obligación de incluir un anexo estadístico.

Por otro lado, se exigirá mayor detalle en cuanto a las explicaciones sobre cambios efectuados en la política de retribuciones de la compañía y sus acuerdos en la Junta General de Accionistas, así como del detalle de retribución individual a cada consejero, tanto en cuanto a conceptos nuevos, como al tipo de contrato con los administradores y/o retribuciones variables.

ESPAÑA: Procedimiento sancionador adaptado al RGPD

A finales de julio, se publicó finalmente en el BOE, el Real Decreto-Ley 5/2018 de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea, en materia de protección de datos por el cual se complementan aspectos de Derecho interno que se encontraban aplazados desde que el pasado 25 de mayo entró en vigor el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Si bien este esperado Real Decreto-Ley entra ya en vigor, lo hace con carácter temporal, hasta que la nueva Ley Orgánica sobre esta materia se apruebe, lo que no se espera hasta finales de año, ya que todo lo relativo a la protección de datos personales, por ser un derecho fundamental, solo puede ser regulado por Ley Orgánica.

Este es el motivo, por el que el contenido de este Real Decreto-Ley solo afecta a aspectos que pueden ser regulados fuera de una Ley Orgánica, es decir, aquellos que afectan a los poderes de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, el régimen sancionador y los procedimientos en caso de posibles vulneraciones de la normativa en protección de datos.

  • Se establecen los plazos de prescripción de las infracciones:
    • tres años cuando nos encontremos ante alguno de los supuestos sancionados por el RGPD con multas de hasta 20 millones de euros o de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior y
    • dos años cuando nos encontremos ante alguno de los supuestos sancionados por el RGPD con multa de hasta 10 millones de euros o de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.
  • Se establecen los plazos de prescripción de las sanciones una vez impuestas, esto es, el período del que dispone la Administración para requerirnos su pago:
    • un año las sanciones con importe igual o inferior a 40.000 euros,
    • dos años para las sanciones cuyo importe oscile entre 40.0001 euros y 300.000 euros y
    • tres años para las sanciones por importe superior a 300.000 euros.
  • Se recoge expresamente la posibilidad de que la AEPD redirija una reclamación al Delegado de Protección de Datos de un responsable o encargado para que este responda en el plazo de un mes a la reclamación planteada (en caso de no contar con dicha figura se podrá redirigir directamente al responsable o encargado del tratamiento).
  • Se establece la validez de contratos de encargado de tratamiento: vía disposición transitoria el RDL decreta la validez de todos los contratos de encargado de tratamiento que se hayan formalizado con anterioridad al 25 de mayo de 2018 conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal hasta que finalice la vigencia de dichos contratos. En caso de que dichos contratos sean indefinidos los mismos tendrán que adaptarse al RGPD antes del 25 de mayo de 2022.
  • Por otro lado, se insiste en que la responsabilidad puede recaer tanto en los responsables del tratamiento, como en los encargados del tratamiento, como incluso en los representantes en la Unión Europea de empresas ubicadas fuera de la UE.

Nos encontramos ante el acuerdo comercial más amplio de los negociados hasta ahora por la UE, ya que afectará a más de seiscientos millones de personas.

El acuerdo eliminará millones de euros en derechos aduaneros pagados anualmente por empresas de la UE a Japón, simplificará los procedimientos aduaneros y hará frente a las barreras internas del comercio impulsando las exportaciones.

Los sectores más beneficiados serán el automovilístico y el agrícola. Concretamente destacamos:

  • Se eliminarán los derechos japoneses que se aplican a numerosos quesos, como el Gouda y el Cheddar (que actualmente son del 29,8 %), así como a las exportaciones de vino (actualmente de una media del 15 %);
  • permitirá a la UE incrementar sustancialmente sus exportaciones de carne de vacuno a Japón y, en cuanto a la carne de cerdo, existirá un comercio libre de derechos para la carne transformada y casi libre de derechos para la carne fresca;
  • garantizará la protección en Japón de más de doscientos productos agrícolas europeos de alta calidad, las denominadas indicaciones geográficas (IG), y la protección de una selección de IG japonesas en la UE.

El acuerdo también protege sensibilidades específicas en la UE, como en el sector del automóvil, con períodos de transición de hasta siete años antes de que se eliminen los derechos de aduana y garantiza el acceso de las empresas de la UE a los grandes mercados de contratación pública en Japón, especialmente para el sector ferroviario.

El acuerdo establece estándares muy elevados en materia de trabajo, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores; refuerza los compromisos de la UE y de Japón en materia de desarrollo sostenible y cambio climático, y garantiza plenamente los servicios públicos.

Se prevé que este acuerdo entre en vigor en 2019.

Este verano ha sido especialmente fructífero en cuanto a las relaciones entre la UE y Japón, ya que al acuerdo sobre la protección de datos personales se añade el de envergadura económica que veremos a continuación y del que éste solo ha sido la antesala para facilitarlo.

El acuerdo sobre protección de datos establecido, tratará a Japón como si se tratase de un estado miembro de la UE en una parte crucial de la economía digital moderna: el intercambio y la protección de la información personal de cientos de millones de europeos.

Hasta ahora, la UE, solo consideraba que 11 Estados, entre los que se encuentran Argentina, Israel y Nueva Zelanda por ejemplo, cumplían con estándares de protección similares a los de la Unión Europea, de hecho, en 2015, el máximo tribunal de la UE anuló un acuerdo similar de transferencia de datos con Estados Unidos porque no protegía suficientemente los datos de los europeos, por lo que tuvo que ser renegociado hasta llegar al actual acuerdo vigente.

La circulación transfronteriza de datos es clave para la mayoría de las empresas, ya que se pude incluir la transferencia de información de los empleados, detalles sobre tarjetas de crédito para completar transacciones online y hábitos de navegación personales para ofrecer publicidad específica.

Las estrictas normas de la UE prohíben a las empresas, almacenar información de los ciudadanos europeos en servidores de países que se considera que tienen un nivel de privacidad insuficiente. Desde ahora, Japón pasa a ser uno de esos Estados considerados aptos para manejar datos personales sin necesidad de otros mecanismos de protección o autorizaciones más complejas.

El Reino Unido ha permanecido especialmente atento a este acuerdo, ya que al ser la próxima gran potencia que podría solicitar un acuerdo sobre el flujo de datos similar al pasar a ser considerado no UE.

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en MALTA

Fantástico destino vacacional y de negocios, miembro de la Unión Europea y con una gran tradición jurídica influenciada por Reino Unido, además de su carácter durante de años de paraíso fiscal, ha hecho que éste haya sido uno de los destinos favoritos de grandes fortunas y sede de multinacionales.

Como venimos viendo en los últimos tiempos, Malta está sufriendo enormes cambios fiscales para adaptarse al entorno UE y poder seguir así las políticas de prevención de blanqueo de capitales. Si bien pierde el aliciente para muchos de ser un paraíso fiscal, se genera para otros, una oportunidad de establecer negocios en un entorno seguro y financieramente enormemente desarrollado. La Suiza mediterránea y marítima que podríamos llamarle, tiene una situación sin duda excepcional entre los países de su entorno, muchos de ellos jurídicamente más inseguros.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a implementar tu negocio en este destino, ya sea para operaciones comerciales con países de su entorno o como base para establecer tu holding en un entorno muy desarrollado y seguro.

La previsión y organización en tus negocios te ayuda a crecer

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

El Gobierno ruso ha aprobado cambios importantes en el Código Fiscal, incluido el aumento del IVA y el impuesto a la extracción de minerales, así como una serie de beneficios que afectan a la gestión y control fiscal y otros impuestos que han sido suprimidos.

Destaca el tipo base del IVA que se ve incrementado del 18% actual al 20%, sin embargo, mejora el procedimiento de devolución del IVA soportado y se disminuye el umbral para poder acceder al procedimiento simplificado

El sector de extracción de minerales, petróleo y gas, se verá afectado por un aumento gradual en la carga impositiva en cuanto a la extracción mientras que se abolen los derechos a la exportación durante 6 años, a partir de 2019.

También se elimina el control sobre los precios de transferencia en operaciones nacionales y el régimen consolidado de grupos de contribuyentes, hasta el 2023, y el impuesto a la propiedad corporativa de bienes muebles.

En general, las nuevas modificaciones se han establecido para un plazo de 6 años, a fin de ver resultados por lo que deberán tenerse en cuenta en todos los escenarios de inversión local a largo plazo.

Se prevé que estos cambios sean firmes en julio 2018, una vez se apruebe formalmente le proyecto de ley y entre en vigor en enero 2019.

A Malta se le acabó el plazo el 30 de junio para adaptarse a la 4ª Directiva de la Unión Europea referente a la transparencia fiscal y la lucha contra la evasión fiscal y el lavado de dinero, así como el financiamiento del terrorismo ya que le es aplicable desde que en 2004 pasó a ser miembro de la Unión Europea.

Malta disfrutó de un plazo de adaptación ya que venía de una situación fiscal enarcada en los esquemas de paraíso fiscal. Desde el 1 de enero de este año, entró en vigor un registro para identificar a todos los titulares reales últimos de todas las entidades mercantiles con sede en el país de nueva creación, sin embargo, para las ya existentes se estableció un plazo adicional de 6 meses que llegó a su fin el 30 de junio 2018.

A partir del 1 de julio, todas las entidades mercantiles que no implementen los procedimientos para llevar a cabo este tipo de control y no lo comuniquen a las autoridades, serán multadas por infringir la Ley de Sociedades y las multas serán de mínimo 1.000 Euros más 10€ por cada día adicional de retraso en la aportación y publicidad de la información requerida.

Este requisito ha tenido una gran transcendencia especialmente en el sector naviero, por la enorme tradición de empresas de estas características domiciliadas en este Estado.

 

El pasado 29 de mayo se publicó el mencionado Convenio, el cual entrará en vigor el próximo 27 de julio, dejando de surtir efectos el antiguo de 1967.

La nueva versión se acomoda al estándar de la OCDE ya que ambos países son miembros de la Unión Europea y por lo tanto les aplica la Directiva de cooperación en materia administrativa en ámbito fiscal y el intercambio automático y espontáneo de información financiera que aparece regulado en su artículo 24 y se incorpora el procedimiento amistoso para los casos de discrepancias.

Por otro lado, destaca en la nueva versión que entrará en breve en vigor, destaca la reducción de los tipos de retención en las rentas mobiliarias y el hecho de que el impuesto de Patrimonio sigue sin estar recogido en este marco.

En relación a España, los impuestos que quedan afectados son el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el de sociedades, el impuesto sobre rentas de no residentes y los impuestos locales sobre renta. En cuanto a Finlandia, se aplica sobre los impuestos estatales de renta de personas físicas, el de sociedades, el comunal, el eclesiástico, a la retención en la fuente a los no residentes y a la retención sobre los intereses.

Tras un largo proceso, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado la razón a Christian Louboutin sobre sus famosas suelas rojas que han quedado registradas como marca finalmente.

Sin duda, ha resultado una sentencia enormemente llamativa, por lo popular de las suelas rojas, y por el cambio de dirección de los tribunales en relación con las marcas de color, ya que siempre habían sido reacios a permitir el registro por distinciones como el color, sobre todo por influencia de la antigua Directiva de marcas 2008/95 que establecía que un signo no se registraría como marca si consiste exclusivamente en “la forma que otorga un valor sustancial a los bienes”.

Christian Louboutin, registró en 2010 ese distintivo como marca en el Benelux en la categoría de “zapatos”, clasificación que en 2013 cambió por “zapatos de tacón alto”, cuya enseña consiste “en el color rojo (Pantone 18 1663TP) aplicado a la suela de un zapato”.

La sociedad Van Haren, de venta de calzado al por menor, comercializó en 2012 zapatos de tacón alto para mujer con la suela revestida de color rojo, hechos que Louboutin denunció ante la justicia neerlandesa.

Van Haren, por su parte, pidió anular el registro de la marca en base a la mencionada Directiva, alegando que no podían registrarse signos constituidos exclusivamente por una forma (en este caso la de la suela).

El Tribunal de Primera Instancia de La Haya envió el caso al TJUE para que interpretase la normativa europea.

En su sentencia, el TJUE, rechaza anular el registro de la marca por considerar que esta “no consiste en una forma específica de suela de zapatos de tacón alto”, ya que su descripción indica expresamente que el contorno no forma parte de la marca, sino que solo sirve para poner de relieve dónde se sitúa el color rojo. Y añade que no puede considerarse que el signo está constituido “exclusivamente” por la forma dado que el objeto principal es un color precisado mediante un código de identificación internacional.

El TJUE rechazó así la demanda de Van Haren de anular la marca Louboutin. Sin embargo, no se pronunció sobre si hay una vulneración de la marca Louboutin, “detalle” que aun tendrá que resolver el tribunal de La Haya que juzga el caso, siguiendo el criterio del TJUE.

No hay precedentes en la discusión por la protección otorgada a un solo color por lo que nos encontramos ante una decisión única. Tendremos que esperar a ver cómo lo aplica el tribunal holandés para conocer el final de las suelas rojas.

UNIÓN EUROPEA: Desplazamiento de trabajadores

El Consejo de la Unión Europea aprobó el pasado 21 de junio la Directiva revisada sobre desplazamiento de trabajadores. Ya hemos visto que es un tema que ha estado sufriendo continuos cambios en los últimos tiempos, tanto a nivel unilateral por parte de los Estados miembros, como por parte de la UE. Los Estados miembros dispondrán de 2 años para realizar las adaptaciones pertinentes.

Esta vez se han realizado modificaciones en tres ámbitos principales:

1.- La remuneración de los trabajadores desplazados:

Con el fin de evitar el “dumping social” (el “uso” de trabajadores más “baratos”) para reducir costes y evitar también la competencia desleal, se definen una serie de condiciones laborales mínimas obligatorias en el país de acogida que deberán respetarse para los trabajadores desplazados.

En relación al salario, éstos tendrán derecho a la misma remuneración que los trabajadores locales por el mismo trabajo en el mismo lugar. El concepto de remuneración deberá fijarse de acuerdo con la legislación del país de acogida, y deberá incluir todos los elementos constitutivos obligatorios de la remuneración y no solo las tasas mínimas de pago.

El empleador deberá reembolsar los gastos incurridos por el desplazamiento, conforme la normativa vigente en el país al que le aplica la relación laboral. Cuando los términos y condiciones aplicables a la relación laboral no aclaren qué elementos son imputables a los gastos y cuales forman parte de la remuneración, se considerará que toda la provisión cubre los gastos realmente incurridos a causa del desplazamiento.

Les será de aplicación los convenios colectivos de su sector en el país de acogida durante el desplazamiento.

2.- Derechos y obligaciones de los desplazados largo plazo:

En los casos de desplazamientos superiores a 12 meses, los trabajadores tendrán derecho a todas las condiciones de empleo del estado anfitrión que son obligatoriamente aplicables a excepción de:

  • procedimientos, trámites y condiciones relacionados con la celebración y rescisión del contrato de trabajo, incluidas las cláusulas de no competencia;
  • planes complementarios de pensiones ocupacionales.

Los plazos de desplazamiento solo podrán prorrogarse hasta 18 meses por causas razonadas. En todo caso, cuando una empresa reemplaza a un trabajador desplazado con otro trabajador desplazado que realice la misma tarea en el mismo lugar, la duración de la autorización será la duración acumulada de los períodos de los trabajadores individuales desplazados para el mismo servicio. Para determinar si un trabajador desplazado realiza “la misma tarea en el mismo lugar” que el trabajador al que reemplazan, se debe considerar la naturaleza del servicio que se proporcionará, el trabajo que se realizará y las direcciones del lugar de trabajo, entre otros factores.

3.- Los trabajadores vinculados a agencias de trabajo temporal:

Los Estados miembros deben garantizar que el principio de igualdad de trato previsto en la Directiva sobre el trabajo temporal de las agencias se aplique también a los trabajadores cedidos por agencias de trabajo temporal.

Las empresas usuarias también deben informar a las agencias de trabajo temporal si tienen la intención de llevar a cabo servicios transnacionales con el trabajador de la agencia de trabajo temporal en un Estado miembro distinto de aquel dónde el trabajador trabaja habitualmente para la agencia de trabajo temporal.

Además les afectará igualmente la acumulación de plazos de trabajadores desplazados individualmente para las mismas tareas o servicios.

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en NORUEGA

Se trata de un destino que, aunque sentimos muy europeo, no pertenece a la UE, por lo que los requisitos de entrada de materiales, contratos de servicios y envío de personal están sujetos a normativa local que no siempre es tan accesible o sencilla como ya estamos acostumbrados dentro del entorno de la Unión Europea.

Es sin duda un destino muy atractivo para la industria agroalimentaria por ejemplo, encontrándose en la actualidad en un momento de fuerte impulso del sector privado, tras la crisis sufrida con el petróleo. Ofrece un entorno seguro, tanto financieramente como de consumo, siendo el segundo país del mundo con el PIB per cápita más elevado

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos en tu implantación local en este destino o en tus operaciones comerciales puntuales que quieras llevar a cabo en este destino.

 La previsión y organización en tus negocios te ayuda a crecer

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

El 22 de mayo de 2018, se publicó un aviso legal de modificación del IVA que entró en el 1 de junio, permitiendo la agrupación del IVA.

Esta figura, es una herramienta disponible en varios Estados miembros, que se utiliza principalmente para evitar la acumulación de IVA irrecuperable entre los miembros del Grupo IVA.

En Malta, la opción de establecer un Grupo de IVA será posible cuando al menos uno de los solicitantes está autorizado por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA). Un beneficio clave de esta figura es que los suministros entre los miembros del grupo no se tienen en cuenta para el IVA, lo que permite a los operadores subcontratar internamente (o desde establecimientos fuera de Malta, p.ej. aquellos con oficinas centrales en el extranjero) sin incurrir en IVA irrecuperable.

Criterios de elegibilidad:

Dos o más personas jurídicas  establecidas en Malta a efectos IVA son elegibles para solicitar el registro como un único sujeto pasivo (o “Grupo del IVA”), siempre que:

  • Al menos uno de los solicitantes sea sujeto pasivo autorizado o reconocido por la MFSA.
  • Los solicitantes deben estar vinculado a los demás mediante enlaces financieros, económicos y organizacionales:
  • Existirá un vínculo financiero cuando la (s) misma (s) persona (s) (física o jurídica) tenga directa o indirectamente, más del 90% de dos o más de: los derechos de voto; derecho a los beneficios disponibles para su distribución; derecho a los activos excedentes disponibles para su distribución en un evento de liquidación.
  • Existirá un vínculo económico cuando: la actividad de cada uno de los solicitantes es de la misma naturaleza o corresponde a la misma industria; o las actividades de los solicitantes son complementarias o interdependientes; o un miembro del Grupo VAT lleva a cabo actividades que son total o sustancialmente en beneficio de uno o más de los otros miembros.
  • Existirá un vínculo organizacional cuando los solicitantes tienen una estructura de gestión compartida, total o parcialmente.

Al Grupo se le asignará un único número IVA y se deshabilitarán los números IVA individuales preexistentes de los miembros. No obstante, cada miembro del Grupo IVA será solidariamente responsable del pago del IVA adeudado y pagadero.

Cualquier suministro de bienes o servicios realizado por un miembro de un grupo de IVA a otro miembro de ese grupo de IVA generalmente no se tendrá en cuenta para el IVA, lo que permitirá a los miembros subcontratar funciones internamente dentro del grupo IVA sin desencadenar consecuencias negativas de flujo de efectivo de IVA, así como los potencialmente irrecuperables costos del IVA.

En este sentido, es particularmente interesante para las entidades extranjeras que tienen un establecimiento en Malta, ya que a efectos del IVA también pueden, en principio, ser elegibles para unirse a un grupo del IVA.

Además, los suministros realizados por cualquiera de los miembros del Grupo IVA a personas fuera del Grupo, se consideran realizados por el Grupo y podrá ser recuperado el IVA soportado de la Entidad declarante del Grupo y, por lo tanto, del Grupo IVA en su conjunto.

A debate en este mes una importante enmienda a la Ley de Marcas, que entraría en vigor en enero de 2019. Si se aprueba, la modificación cambiará fundamentalmente el sistema de registro de marcas en la República Checa.

La modificación supondría una importante reforma ya que, por ejemplo, no será necesario que una marca registrada sea representada gráficamente, y la Oficina de Propiedad Industrial ya no podrá negarse automáticamente a registrar marcas comerciales idénticas a las registradas anteriormente.

La definición actual de marca comercial indica que cualquier marca debe ser capaz de ser representada gráficamente, con esta reforma la nueva definición no limita los medios de representación admisibles a gráficos o visuales, también permite registrar marcas comerciales que pueden ser representadas por cualquier medio tecnológico disponible, permitiéndose registrar marcas 3D, un sonido, movimiento, marca audiovisual o incluso holográfica. Se va incluso más allá, hablándose de registrar marcas de aroma o sabor, aunque queda poco clara por el momento, su representación.

Otro cambio fundamental a partir de enero de 2019, es que será responsabilidad de los propietarios de la marca ver si se ha solicitado el registro de una marca idéntica a la suya, ya que su registro se podrá evitar, pero sólo a petición del propietario de la marca registrada anteriormente.

Las modificaciones que pretende implantar la República Checa podrían ser imitadas por el resto de países del entorno por lo que están siendo seguidas con atención, ya que se diferencian considerablemente de los criterios establecidos con más o menos generalidad en la UE y en países vecinos.

El pasado 3 de mayo, Suiza y Brasil firmaron un Convenio para evitar la doble imposición muy demandado por el sector privado desde hacía tiempo.

Suiza supone un destino muy atractivo para las inversiones de América Latina, como lugar seguro y estable económicamente, mientras que Brasil ocupa el sexto lugar de las inversiones realizadas en el extranjero por entidades con sede en Suiza.

Este Convenio viene a aportar mayor seguridad jurídica a las operaciones entre ambos Estados. Aunque Brasil no es aún miembro de la OCDE, el Convenio ha considerado todas sus recomendaciones, así como las políticas de BEPS a fin de evitar la erosión de las bases imponibles, en concreto, establece disposiciones anti abuso, una cláusula de mutuo acuerdo (sin contener una cláusula de arbitraje) así como un intercambio de información fiscal, previa solicitud de acuerdo con la norma internacional actual.

Por lo demás, el Convenio se ajusta a disposiciones habituales para facilitar las inversiones internacionales transfronterizas y las transferencias financieras: Retención sobre dividendos de máximo un 10%, sobre IRPF del 15%.

Para los pagos de intereses, el impuesto retenido residual generalmente asciende al 15% y es del 10% para préstamos bancarios específicos y del 0% para ciertos fondos de pensiones y agencias gubernamentales.

En lo que respecta a las regalías, el impuesto retenido residual es del 15% en las marcas de fábrica y del 10% en todos los demás casos.

El Convenio exime las ganancias de capital en la venta de acciones (a menos que se trate de entidad con bienes inmuebles) en el país donde se encuentra la compañía.

Además de, y como diferencia respecto a otros acuerdos de doble imposición recientes firmados por Brasil, incluye las siguientes disposiciones: se podría aplicar una retención del 10% en Brasil, por los servicios técnicos / asistencia técnica, desplazados desde Suiza.

Brasil elimina cualquier doble imposición pertinente aplicando el método de crédito, mientras que Suiza aplica el método de crédito o el método de exención, dependiendo de la fuente de ingresos.

El Convenio aún deberá ser aprobado por el Congreso Nacional en Brasil y por el Parlamento Suizo para su ratificación por ambos países.

Aunque ya existe un Convenio entre ambos Estados desde 1991, la necesidad de su actualización, por importantes cambios en materia de seguridad social durante los últimos años, así como la detección de un alto porcentaje de fraude por el uso indebido del mismo, ha llevado a la firma de un Complemento al Convenio existente, en vigor desde marzo, que ha sido finalmente publicado en mayo 2018.

Destacan las menciones expresas al desplazamiento de trabajadores:

  • Un trabajador desplazado temporalmente al otro estado contratante, seguirá sujeto a su legislación de origen con un máximo de 3 años, salvo que haya ido a desplazar a otro que ya haya agotado ese período
  • El trabajador desplazado solo podrá beneficiarse de la legislación local, 4 meses después de que haya transcurrido el período inicial de desplazamiento.

El Complemento al Convenio también establece un acuerdo de intercambio de información relativas a declaraciones del período de cotización y prestaciones a las que tengan derecho los asegurados, así como de control de fallecidos.

 

En el marco de persecución impositiva que se está llevando a cabo últimamente a las plataformas digitales sin presencia física en algunos Estados, ha topado con la prudencia, a priori, del parlamento noruego. Este ha rechazado la propuesta legislativa para la introducción de un impuesto a los modelos de negocios digitales, etiquetados como el “impuesto de Google”, y recomendó que el gobierno explore este tema en asociación con la OCDE.

Son muchos los estados que están realizando modificaciones respecto al IVA, como Suiza, o implantando otros requisitos de control a fin de gravar en lo posible a estas entidades. La UE encabeza esta línea, pero pretende el apoyo de la OCDE y que sus recomendaciones sean claras al respecto.

Las propuestas de la Comisión de la Unión Europea, pretenden una carga impositiva temporal, un impuesto provisional del 3% sobre el volumen de negocios de determinadas empresas dedicadas a actividades digitales que, de otro modo, quedarían libres de impuestos. Esto se aplicaría a los ingresos creados por la venta de espacio de publicidad en línea, a partir de actividades intermedias digitales, así como aquellos creados a partir de la venta de datos generados de información proporcionada por el usuario. La propuesta de la Comisión también incluía una solución a largo plazo, pero es aquí especialmente donde la UE busca alcanzar un consenso internacional bajo la dirección de la OCDE.

Esto es exactamente el motivo por el que el Parlamento Noruego ha rechazado la propuesta del Gobierno, considerando que mientras no estén claras las líneas de investigación de la OCDE no se aplicarán cargas impositivas en este Estado.

 

ESPAÑA – INTERNACIONALIZACIÓN:Ayudas a las PYMES para la internacionalización de patentes

Nuevas ayudas estatales a la solicitud de patentes por parte de las Pymes (BOE 19 de mayo), con una inversión de 2.160.000€.

El solicitante debe haber realizado directamente o a través de un representante tercero la solicitud de patente y/o modelo de utilidad en el extranjero, utilizando la vía nacional de los distintos países, la vía europea a través de lo previsto en el Convenio sobre la concesión de Patentes Europeas, o la vía del Tratado de Cooperación en materia de patentes.

El plazo de solicitud es hasta el 19 de junio 2018.

La convocatoria consta de dos programas.

  • Programa de ayudas para el fomento de solicitudes de patentes y modelos de utilidad en el exterior: Subvencionando parte de las tasas en los respectivos países en función de unas cuantías de referencia, así como traducciones en el país de destino (ej. hasta 700€ de referencia por la traducción de la memoria). Deberá justificarse el gasto entre el 1 de mayo 2016 y el 30 de junio de 2017.
  • Programa de ayudas dirigido a estimular la protección nacional de la tecnología a través de patentes o modelos de utilidad con el fin de mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas y de las personas físicas: la ayuda subvenciona principalmente el pago de la tasa. En este programa, el gasto deberá justificarse en los años 2015, 2016 y hasta el 30 de junio de 2017.

Por lo tanto, están ayudas van dirigidas a gastos ya producidos por estos conceptos en ejercicios anteriores.

Suscríbase a nuestras noticias

Vamos a proceder a la recogida de sus datos, por favor, lea atentamente nuestra política de protección de datos

Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la política de protección de datos

Deseo recibir comunicaciones publicitarias por correo postal o electrónico sobre servicios de esta entidad, así como recibir el Newsletter digital de Externa Corporativo SL.

Responsable: EXTERNA CORPORATIVO SL CIF nº B70321393

Finalidad: Gestionar adecuadamente su demanda de información.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Ver nuestra política de protección de datos

Tiene alguna duda. ¡Escríbanos sin compromiso!

Vamos a proceder a la recogida de sus datos, por favor, lea atentamente nuestra política de protección de datos




Los campos marcados con * son obligatorios

Marcando esta casilla, manifiesta haber leído y aceptado expresamente la presente Política de Privacidad y Protección de Datos, otorgando su consentimiento inequívoco y expreso a EXTERNA CORPORATIVO SL para el tratamiento de los datos de acuerdo con las finalidades y servicios aquí reflejados.

Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la política de protección de datos


Responsable: EXTERNA CORPORATIVO SL CIF nº B70321393

Finalidad: Gestionar adecuadamente su demanda de información.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Ver nuestra política de protección de datos