X
Menu

2018

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en REINO UNIDO

Faltan menos de seis meses para que el Reino Unido abandone la Unión Europea, y las cuestiones sobre cómo será su partida están lejos de resolverse. La presión política y la división tanto en el país como en la mesa de negociaciones de la UE aún podrían derivar en un “Brexit duro”, por el momento el Canciller de Reino Unido en su discurso del 29 de octubre, dejó clara la intención de encaminar una revisión completa fiscal en la que entran propuestas de cambios en el régimen de activos fijos intangibles, y un impuesto sobre la renta a los montos recibidos por entidades residentes en el extranjero respecto a bienes intangibles

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a implementar las nuevas exigencias normativas en tu empresa, a identificar si realmente afecta y en qué medida a la gestión de sus cadenas de suministros, estableciendo procedimientos y medidas preventivas para protegerte adecuadamente.

La previsión y organización en tus negocios te ayuda a crecer

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

Los cambios en los regímenes de empleo e inmigración en los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) continúan intensificándose en el 2018.

La alta proporción de expatriados en estos países ha generado preocupación y los gobiernos han estado introduciendo varias medidas de “nacionalización” para alentar el empleo de nacionales sobre los expatriados en el mercado laboral del sector privado

En lo que respecta al Reino de Arabia Saudí (KSA), las crecientes preocupaciones sobre la falta de oportunidades de empleo para los jóvenes sauditas y el aumento esperado de mujeres que se integrarán en el mercado laboral, han llevado a las autoridades a introducir medidas bajo el sistema “Nitaqat”. Este sistema opera clasificando a los empleadores en categorías según factores, como el tamaño y la actividad de la empresa, y la directa relación entre número de trabajadores saudíes que da lugar al porcentaje de contratación de trabajadores extranjeros.

Además, con el sistema “Nitaqat”, ciertas profesiones están reservadas a los ciudadanos sauditas. Actualmente 18 profesiones están restringidas únicamente a ciudadanos sauditas, y el Ministerio de Trabajo durante el 2018, está aplicando de forma gradual reglas adicionales de Saudización, prohibiendo el empleo de expatriados en 12 sectores industriales. Estas reglas se han implementado por primera vez en el mes de septiembre y su segunda fase está prevista para el  9 de noviembre de 2018, y principios de enero de 2019,  y se refieren especialmente a tiendas y puntos de venta de los siguientes sectores:

 

Automóviles y móviles  

11 de septiembre de 2018

Muebles  hogar y materiales de oficina confeccionados 11 de septiembre de 2018
Prendas confeccionadas 11 de septiembre de 2018
Ropa para niños y suministros para hombres. 11 de septiembre de 2018
Relojes 9 de noviembre de 2018
Óptica 9 de noviembre de 2018
Electricidad y electrónica 9 de noviembre de 2018
Equipos médicos 7 de enero de 2019
Repuestos de automóviles 7 de enero de 2019
Materiales de construcción 7 de enero de 2019
Utensilios para el hogar, tiendas y pastelerías. 7 de enero de 2019

 

Siguiendo a otros países del Consejo de Cooperación del Golfo como Arabia Saudita, y los Emiratos Árabes Unidos que han introducido el IVA en este año, el Reino de Bahréin ha aprobado este mes de octubre, un Decreto-Ley que introducirá el IVA en su territorio a partir del 1 de enero de 2019.

La nueva legislación mantiene sin embargo diferencias claras con los sistemas de IVA implementados por Arabia Saudí y Emiratos, principalmente respecto a las exenciones del impuesto, entre las que destacan:

  • Los bienes inmobiliarios: terrenos y venta y alquiler de inmuebles, sin distinguir todavía entre bienes raíces residenciales y comerciales.
  • La construcción de nuevos edificios estará asimismo exenta, sin embargo, por el momento, la nueva ley no define el término “nuevo edificio” ni establece qué bienes y servicios calificarán como exentos.

En este caso, dado que los bienes y servicios relacionados no están exentos, podrá valorarse si puede ser de aplicación un contrato llave en mano de diseño y construcción, para obtener un trato fiscal más favorable.

Respecto al impuesto a la importación de bienes, el IVA se pagará a la Autoridad de Aduanas en el momento de la importación; de todas formas, se espera que el Reglamento ejecutivo permita diferir el pago del IVA de importación hasta la presentación de su próxima declaración, dado que es el sistema que están aplicando los Emiratos Árabes.

Transitoriamente, respecto a los contratos con organismos gubernamentales, los suministros realizados en virtud de contrato firmado con el Gobierno antes del 1 de enero de 2019, se tratarán como exentos hasta que el contrato se renueve o hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que suceda antes. Para todos los demás contratos, el IVA se aplicará a los bienes entregados o a los servicios completados después del 1 de enero de 2019.

¡IMPORTANTE!: Cuando el contrato no contemple cláusula fiscal, el precio del contrato se considerará como IVA incluido, lo que significa que la persona que suministra el bien o servicio sufragará el coste del IVA.

El Servicio de Impuestos Internos de Chile, confirma que, en el caso de la aportación de un activo fijo por parte de la matriz a su filial, en la que la primera tiene el 100% de participación de la segunda, dicha aportación constituye una enajenación.

Por lo que, como consecuencia de esta operación, puede generarse una renta tributable – con el Impuesto de Primera Categoría-, y aplicando las reglas generales, la autoridad tributaria podrá ejercer sus facultades de tasación respecto del valor asignado al bien, independiente de la relación que exista entre las partes involucradas en la operación.

Sin embargo, en los casos en que se trate de una reorganización empresarial que tenga una legítima razón de negocios, y no origine flujos efectivos de dinero, habiéndose efectuado y registrado la aportación a valor contable o tributario, podrá aplicarse una excepción que inhibe al Servicio de Impuestos, de ejercer la tasación, teniendo en cuenta la documentación y antecedentes de cada operación.

El 1 de noviembre entra en vigor la recodificación de las actividades económicas en el país. La medida tiene por objetivo poner al día y homologar la clasificación que se utilizan hasta la fecha con la que emplea la ONU a nivel internacional.

Este proceso se realizará de forma automática para quienes utilicen el Sistema de Facturación Electrónica del Servicio de Impuestos Internos de Chile, por lo que quienes usen otros sistemas, deberá solicitar la actualización de estos códigos.

Sin embargo, quienes aún utilicen documentos tributarios timbrados en papel, podrán seguir usando dicha documentación hasta el próximo proceso de “timbraje”, momento en el que deberán actualizar la nueva codificación en toda la documentación que incluya la actividad económica.

Octubre también ha sido el mes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley dirigido a gravar determinados servicios digitales, mientras todavía está en debate en la UE la propuesta de directiva sobre este tema, que se discutirá en el mes de noviembre en el ECOFIN.

La propuesta española se centra en la tributación de las grandes empresas digitales, y su anticipación al acuerdo a nivel europeo se justifica en la necesidad de que ayude a financiar las pensiones. Este es el objetivo por el que el Gobierno pretende empezar a recaudarlo en 2019, siguiendo la línea de lo que ya están haciendo otros países como UK,  Italia, Francia o Alemania.

Este nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará a empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, con un 3% de sus servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.

Por el momento, este borrador parece que no ha valorado la posible distorsión de la competencia de los contribuyentes del Impuesto español, ni la confusión jurídica y la inseguridad fiscal para las empresas, que este tipo de soluciones unilaterales y rápidas por país pueden generar. Tampoco hace mención a la necesidad de reformar el impuesto de sociedades respecto a la declaración y gravamen de los beneficios allí donde las empresas lleven a cabo una interacción significativa con los usuarios mediante canales digitales, lo cual ha propuesto la Comisión Europea, para evitar lo que sería una doble imposición.

En el mes de octubre, se ha firmado un Nuevo Convenio entre España y Japón para eliminar la doble imposición en los impuestos sobre la renta y evitar la elusión y evasión fiscal.

El Nuevo Convenio modifica enteramente el existente, en vigor desde 1974, revisa la imposición sobre los beneficios de las empresas, y amplía los límites de la reducción de la tributación de los ingresos por inversiones.

Así mismo, introduce nuevas medidas preventivas para evitar violaciones a este nuevo Convenio; actuaciones arbitrales, y asistencia en recaudaciones de obligaciones tributarias. También refuerza el intercambio de información sobre asuntos tributarios.

Como puntos esenciales de este nuevo Convenio se destacan:

  • Imposición sobre beneficios empresariales: Cuando una empresa de uno de los dos países tenga en el otro un establecimiento permanente, a través del que realice su actividad, solo los beneficios imputables a este establecimiento tributarán en ese otro país. Estos beneficios imputables al EP se calcularán mediante un reconocimiento integral de las transacciones internas entre la sede central y sus sucursales, y mediante la estricta aplicación del principio de libre competencia.
  • Se reduce considerablemente la imposición sobre los ingresos por inversiones (dividendos, intereses y derechos) en el país de origen:
    • los dividendos, que estaban sujetos al 10%, con el nuevo convenio se consideran exentos cuando se mantiene al menos el 10% de los derechos de voto durante 12 meses, o cuando se trata de beneficiarios de fondos de pensiones, y, se establece un tipo reducido al 5% en los demás casos.
    • Intereses: del 10% anterior pasan a estar exentos.
    • Derecho: del 10% anterior pasan a estar exentos.

Sin embargo, como medida de control, se establece que sólo los residentes que reúnan condiciones de “personas cualificadas”, podrán tener derecho a estas exenciones, y que cualquier beneficio del Convenio no será otorgado si se concluye que la obtención de dicho beneficio era uno de los propósitos principales de cualquier transacción, intentando aplicar medidas anti treaty shopping.

Este nuevo marco, entrará en vigor al tercer mes desde la recepción de la última de las notificaciones del cumplimiento de los procedimientos internos de cada Estado.

ESPAÑA:  IVA DIFERIDO EN LAS IMPORTACIONES

Durante el mes de noviembre podrá solicitarse la aplicación del IVA diferido a las importaciones realizadas a partir del 1 de enero de 2019.

De esta forma, en lugar de ingresar el IVA conjuntamente con el resto de tributos del DUA de importación (derechos arancelarios, antidumping …), la cuota de IVA a la importación liquidada por Aduanas, podrá diferirse a la declaración-liquidación mensual de IVA en el mes en el que se ha tramitado el DUA, evitándose que los importadores asuman el coste financiero de este impuesto, desde que se despachan en la aduana las mercancías importadas hasta que presenta la autoliquidación periódica del Impuesto.

En estos casos, los importadores que cuenten con derecho a la deducción del IVA soportado, en la misma declaración podrán consignar tanto el IVA devengado por las importaciones como la cuota que deviene inmediatamente deducible, de forma similar a la liquidación de las adquisiciones intracomunitarias.

Las condiciones para poder acogerse a este sistema son principalmente:

  • Ser empresario o profesional,
  • Tener un período de liquidación que coincida con el mes natural,
  • Solicitar la aplicación del IVA diferido en los plazos establecidos

Por otra parte, aquellas empresas incluidas en este sistema de IVA diferido no tendrán que incluir las cuotas de IVA en el cálculo del importe de referencia de la garantía, salvo en el caso de que dicha garantía vaya a ser utilizada en el régimen de tránsito o pueda ser empleada en más de un Estado miembro.

Este régimen supone, sin embargo, que se aplique en todas las importaciones que se efectúen durante el año en cuestión.

La normativa aplicable en España en materia de prevención de blanqueo de capitales ha sido modificada para adaptarla a los nuevos requisitos de la Unión Europea. Hay cambios relevantes que merecen especial atención, no solo por el incremento en las sanciones sino también en cuanto a procedimientos y a quienes les afecta esta normativa.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a implementar las nuevas exigencias normativas en tu empresa, a identificar si realmente te afecta y en qué medida, estableciendo procedimientos y medidas preventivas para protegerte adecuadamente.

La previsión y organización en tus negocios te ayuda a crecer

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

A finales de agosto, se publicó en Ecuador la Ley de Fomento Productivo con importantes modificaciones fiscales, tanto a nivel del impuesto sobre la renta, el IVA y el impuesto de salida de divisas como nuevos incentivos al sector industrial e incluso una amnistía fiscal.

Destaca la eliminación del 10% de retención sobre los dividendos y beneficios empresariales para los no residentes como se venía aplicando para los no residentes en Ecuador, siempre y cuando se declare la titularidad real del beneficiario.

Por otro lado, si bien se mantiene el tipo genérico de Impuesto de Sociedades en el 25%, este sufrirá un incremento del 3% en los casos en los que las entidades no hayan informado adecuadamente sobre sus titulares reales finales o estos residan en paraísos fiscales o estados de baja tributación.

Los créditos fiscales de IVA podrán utilizarse durante un plazo de 5 años, y no de un modo ilimitado como se establecía anteriormente y se autoriza una posibilidad de solicitud de reembolso para determinadas actividades empresariales entre las que se encuentran las producciones audiovisuales y cinematográficas, así como las de construcción de viviendas sociales y algunas exportaciones de servicios.

Además, se prevén determinados incentivos fiscales a sectores productivos, agrícolas, y mineros durante 24 meses, prorrogables otros 24, siempre que generen incrementos de empleo y dependiendo de las zonas geográficas, de hasta un total de exención del impuesto de sociedades

También se prevé una amnistía fiscal sobre intereses y recargos de impuestos previos al ejercicio 2017 o de obligaciones de seguridad social hasta abril de 2018 siempre que los contribuyentes cumplan ciertos requisitos entre las que se encuentra el de no apelar ni recurrir tales declaraciones impositivas.

Estas medidas entrarán en vigor en enero de 2019.

El Gobierno croata ha anunciado que retrasará la entrada en vigor de la reducción del tipo genérico de IVA, previsto en un punto, del 25% al 24% hasta el ejercicio 2020, y por lo tanto, no entrará en vigor hasta el próximo 1 de enero, permaneciendo como uno de los tipos genéricos más altos del entorno de la Unión Europea.

Sin embargo, sí reducirá el IVA en algunos productos básicos en el 2019 que no habían sido previstos con anterioridad. El 13% volverá a ser aplicable a la carne fresca, pescado, fruta, vegetales y pañales infantiles entre otros productos y la más reducida del 5% afectará a alimentos infantiles, alimentos de primera necesidad algunos productos farmacéuticos y libros principalmente.

UNIÓN EUROPEA:  Derecho de autor

Tras varios intentos y más de 200 enmiendas, finalmente el Parlamento Europeo ha aprobado una propuesta de Directiva sobre derechos de autor, aunque aun está pendiente de aprobación por parte del Consejo.

La dificultad de su avance y la polémica procede del distinto punto de vista que defienden los autores y las grandes plataformas de internet como Google, Apple, Facebook, YouTube entre otras y un desfase claro entre la regulación normativa y la realidad, con velocidades claramente diferentes.

En caso de salir adelante la propuesta, estaremos ante una mayor fiscalización de cualquier contenido publicado en las redes sociales por sus usuarios que requerirá una mayor responsabilidad, no solo de dichas plataformas sino también de modo directo e indirecto por parte de los usuarios.

La propuesta de la Directiva refuerza, por ejemplo, la posición de los editores de prensa, a los que se les reconoce un derecho de reproducción y de comunicación pública de sus contenidos durante 20 años desde la primera publicación. Además, se les reconoce un derecho de remuneración frente a las plataformas de internet, derecho que ya dispone de antecedentes en España y Alemania, por ejemplo.

En España, desde la modificación de la Ley de Propiedad Intelectual en 2014 se incorporó lo que popularmente se denominó “Canon AEDE” o “Tasa Google”.

Precisamente en el mismo marco de prevención de blanqueo de capitales y de evasión fiscal, se ha actualizado el Convenio vigente entre España y Rumanía desde el 1979 en relación a evitar la doble imposición y las materias mencionadas.

Se pretende favorecer el desarrollo de las relaciones económicas bilaterales y reforzar la cooperación entre ambos Estados en materia tributaria, incorporando métodos para eliminar la doble imposición y sistemas de fluido intercambio de información y asistencia mutua para la recaudación.

Especialmente se tratan las rentas inmobiliarias, beneficios empresariales, transporte marítimo y aéreo, empresas asociadas, dividendos, intereses, cánones, ganancias de capital, rentas del trabajo, remuneraciones de consejeros, rentas de artistas y deportistas, pensiones, función pública, estudiantes y personas en prácticas, entre otras rentas.

ESPAÑA:  Novedades respecto a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Con el objeto de adaptar a la normativa europea y, en concreto trasponer la IV Directiva, Directiva 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015 relativa a la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, el Congreso de los Diputados, el pasado 31 de agosto, ha aprobado el Real Decreto Ley 11/2018, que modifica la Ley 10/2010 de 20 de abril en esta materia.

Entre los cambios más relevantes, destacamos:

  • Se amplía el ámbito de sujetos obligados. Las estructuras tales como fideicomisos, trusts (anglosajón) o treuhand (alemán) formarán parte de un registro con identificación de sus titulares reales, con acceso para aquellos que tengan interés legítimo en estas estructuras.
  • También se añade a los responsables de loterías o juegos de azar cuando se ejerciten, ya sea presencialmente o través de medios electrónicos o informáticos. Además, deberán informar de toda transacción llevada a cabo por importe igual o superior a 2.000€ ya sea en una operación o en varias acumuladas.
  • Se modifica el régimen aplicable a las personas con responsabilidad pública, a las que se les aplicará medidas de diligencia reforzada y serán considerados clientes de alto riesgo. Se incluye a directores, miembros de consejos de administración o función equivalente de una organización internacional, altos cargos de partidos políticos con representación parlamentaria, de sindicatos u organizaciones empresariales, así como a alcaldes, concejales o cargos públicos en municipios con más de 50.000 habitantes.
  • Se reduce el umbral de pagos en efectivo, de 15.000€ a 10.000€, por encima del cual, las entidades obligadas deberán aplicar medidas de diligencia debidas. Esta novedad afectará poco en España, ya que la Ley 7/2012 ya limitó los pagos en efectivo a partir de 2.500€ (o su contravalor en moneda extranjera) cuando alguno de los intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional. Para el caso de que el pagador sea una persona física con domicilio fiscal fuera de España y no actúe en calidad de empresario o profesional, la limitación se amplía hasta los 15.000€ (o su contravalor en moneda extranjera). Para ello, se podrán sumar los importes de todas las operaciones o pagos en que se haya podido fraccionar la entrega de bienes o prestación de servicios.
  • En cuanto a las sanciones, se incrementan considerablemente los importes máximos, siguiendo la línea establecida por la Directiva, manteniéndose los importes mínimos.
  • Se crea la obligación de inscribir en el Registro Mercantil competente por razón de su domicilio a los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos.
EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en tu adaptación a la normativa en materia de Protección de Datos Personales

Como hemos comentado en los últimos meses, la normativa europea en materia de Protección de Datos ha sufrido enormes variaciones que son de directa aplicación en todos los países miembros. En el mes de ju, en España ya se ha publicado un marco más claro en cuanto a las sanciones aplicables y responsabilidades del tratamiento de los mismos.

 En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a implementar las nuevas exigencias normativas a tu empresa, intentando establecer procedimientos y facilitar todos los cambios para que te resulte fácil la adaptación y minores los riesgos.

La previsión y organización en tus negocios te ayuda a crecer

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

El pasado 2 de agosto, se publicó el Decreto Legislativo 1372, por el cual el Poder Ejecutivo ha establecido que la información del beneficiario final podrá ser utilizada por la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) para verificar el debido cumplimiento de obligaciones tributarias, y luchar contra la elusión y evasión de tributos.

El Decreto establece expresamente que todas las personas jurídicas y entes jurídicos (tales como fideicomisos, fondos de inversión, consorcios y otras estructuras jurídicas que no tienen personalidad jurídica propia) deberán presentar la Declaración de Beneficiario Final ante la SUNAT. Especialmente se señala que los trusts extranjeros que cuenten con administradores o representantes domiciliados en Perú tendrán esa misma obligación.

El hecho de no presentar dicha declaración supondrá multas de hasta el 0,6% de los ingresos netos del ejercicio, la consideración de sus representantes como solidarios ante cualquier deuda tributaria con la entidad y la imposibilidad de acceder a ciertos servicios notariales.

Siguiendo la misma línea de la OCDE y de los criterios del BEPS, este Decreto ha hecho mención expresa a que la información sobre el beneficiario final de los clientes no se encuentra protegida por el secreto profesional de abogados y/o contadores en una serie de supuestos que resultan muy amplios y exhaustivos.

Sin embargo, el Decreto no ha establecido ni plazos ni formas para llevar a cabo esta declaración, por lo que aún se está a la espera de otra norma que aclare esos vacíos, aunque lo que sí supone es un aviso a todas estructuras que gozan de cierta opacidad hasta ahora, así como un indicio de que este Estado se va adaptando a la normativa internacional vigente en la materia.

Ya estamos viendo este cambio en el sector en el marco de la UE y vemos que “al otro lado del charco” los gobiernos están adoptando medidas similares, en muchos casos ya existentes pero que se van definiendo mejor.

En este caso, vemos cómo Uruguay que, ya gravaba a aquellas entidades extranjeras que realizan ventas en el territorio de este Estado, no teniendo presencia en él ni estando constituidas bajo su ordenamiento jurídico, ha realizado modificaciones para precisar que estarán sujetas a imposición siempre que los usuarios finales tengan su residencia en este Estado.

A estos efectos se considerará que se cumple con el requisito de estar domiciliado en Uruguay si:

  • la dirección IP del ordenador, teléfono móvil o dispositivo relevante, se encuentra en Uruguay,
  • la dirección de facturación se encuentra en Uruguay, o
  • la tarjeta de crédito que se utiliza, es administrada por una institución financiera uruguaya

Así, cada vez se acota más el negocio de las grandes plataformas como Netflix, Spotify especialmente que son las más afectadas en este sentido.

El pasado mes de julio, tras su publicación en el BOE, entró en vigor la Circular 2/2018, con las nuevas obligaciones impuestas por la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV) en relación a los informes anuales de gobierno corporativo (IAGC) y de remuneraciones de consejeros (IARC) que las entidades cotizadas deben presentar en relación a los ejercicios cerrados a fecha de 31 de diciembre de 2018.

En grandes líneas, la Circular 2/2018 pretende introducir nuevos contenidos a los incluidos en el Real Decreto-Ley 18/2017 en materia de diversidad en cuanto a formación y experiencia profesional, edad, discapacidad y género, permitiendo además el formato de libre diseño para ambos tipos de informes, pero con la obligación de incluir un anexo estadístico.

Por otro lado, se exigirá mayor detalle en cuanto a las explicaciones sobre cambios efectuados en la política de retribuciones de la compañía y sus acuerdos en la Junta General de Accionistas, así como del detalle de retribución individual a cada consejero, tanto en cuanto a conceptos nuevos, como al tipo de contrato con los administradores y/o retribuciones variables.

ESPAÑA: Procedimiento sancionador adaptado al RGPD

A finales de julio, se publicó finalmente en el BOE, el Real Decreto-Ley 5/2018 de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea, en materia de protección de datos por el cual se complementan aspectos de Derecho interno que se encontraban aplazados desde que el pasado 25 de mayo entró en vigor el Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE.

Si bien este esperado Real Decreto-Ley entra ya en vigor, lo hace con carácter temporal, hasta que la nueva Ley Orgánica sobre esta materia se apruebe, lo que no se espera hasta finales de año, ya que todo lo relativo a la protección de datos personales, por ser un derecho fundamental, solo puede ser regulado por Ley Orgánica.

Este es el motivo, por el que el contenido de este Real Decreto-Ley solo afecta a aspectos que pueden ser regulados fuera de una Ley Orgánica, es decir, aquellos que afectan a los poderes de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, el régimen sancionador y los procedimientos en caso de posibles vulneraciones de la normativa en protección de datos.

  • Se establecen los plazos de prescripción de las infracciones:
    • tres años cuando nos encontremos ante alguno de los supuestos sancionados por el RGPD con multas de hasta 20 millones de euros o de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior y
    • dos años cuando nos encontremos ante alguno de los supuestos sancionados por el RGPD con multa de hasta 10 millones de euros o de una cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual global del ejercicio financiero anterior.
  • Se establecen los plazos de prescripción de las sanciones una vez impuestas, esto es, el período del que dispone la Administración para requerirnos su pago:
    • un año las sanciones con importe igual o inferior a 40.000 euros,
    • dos años para las sanciones cuyo importe oscile entre 40.0001 euros y 300.000 euros y
    • tres años para las sanciones por importe superior a 300.000 euros.
  • Se recoge expresamente la posibilidad de que la AEPD redirija una reclamación al Delegado de Protección de Datos de un responsable o encargado para que este responda en el plazo de un mes a la reclamación planteada (en caso de no contar con dicha figura se podrá redirigir directamente al responsable o encargado del tratamiento).
  • Se establece la validez de contratos de encargado de tratamiento: vía disposición transitoria el RDL decreta la validez de todos los contratos de encargado de tratamiento que se hayan formalizado con anterioridad al 25 de mayo de 2018 conforme a lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de protección de datos de carácter personal hasta que finalice la vigencia de dichos contratos. En caso de que dichos contratos sean indefinidos los mismos tendrán que adaptarse al RGPD antes del 25 de mayo de 2022.
  • Por otro lado, se insiste en que la responsabilidad puede recaer tanto en los responsables del tratamiento, como en los encargados del tratamiento, como incluso en los representantes en la Unión Europea de empresas ubicadas fuera de la UE.

Nos encontramos ante el acuerdo comercial más amplio de los negociados hasta ahora por la UE, ya que afectará a más de seiscientos millones de personas.

El acuerdo eliminará millones de euros en derechos aduaneros pagados anualmente por empresas de la UE a Japón, simplificará los procedimientos aduaneros y hará frente a las barreras internas del comercio impulsando las exportaciones.

Los sectores más beneficiados serán el automovilístico y el agrícola. Concretamente destacamos:

  • Se eliminarán los derechos japoneses que se aplican a numerosos quesos, como el Gouda y el Cheddar (que actualmente son del 29,8 %), así como a las exportaciones de vino (actualmente de una media del 15 %);
  • permitirá a la UE incrementar sustancialmente sus exportaciones de carne de vacuno a Japón y, en cuanto a la carne de cerdo, existirá un comercio libre de derechos para la carne transformada y casi libre de derechos para la carne fresca;
  • garantizará la protección en Japón de más de doscientos productos agrícolas europeos de alta calidad, las denominadas indicaciones geográficas (IG), y la protección de una selección de IG japonesas en la UE.

El acuerdo también protege sensibilidades específicas en la UE, como en el sector del automóvil, con períodos de transición de hasta siete años antes de que se eliminen los derechos de aduana y garantiza el acceso de las empresas de la UE a los grandes mercados de contratación pública en Japón, especialmente para el sector ferroviario.

El acuerdo establece estándares muy elevados en materia de trabajo, seguridad, protección del medio ambiente y protección de los consumidores; refuerza los compromisos de la UE y de Japón en materia de desarrollo sostenible y cambio climático, y garantiza plenamente los servicios públicos.

Se prevé que este acuerdo entre en vigor en 2019.

Suscríbase a nuestras noticias

Vamos a proceder a la recogida de sus datos, por favor, lea atentamente nuestra política de protección de datos

Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la política de protección de datos

Deseo recibir comunicaciones publicitarias por correo postal o electrónico sobre servicios de esta entidad, así como recibir el Newsletter digital de Externa Corporativo SL.

Responsable: EXTERNA CORPORATIVO SL CIF nº B70321393

Finalidad: Gestionar adecuadamente su demanda de información.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Ver nuestra política de protección de datos

Tiene alguna duda. ¡Escríbanos sin compromiso!

Vamos a proceder a la recogida de sus datos, por favor, lea atentamente nuestra política de protección de datos




Los campos marcados con * son obligatorios

Marcando esta casilla, manifiesta haber leído y aceptado expresamente la presente Política de Privacidad y Protección de Datos, otorgando su consentimiento inequívoco y expreso a EXTERNA CORPORATIVO SL para el tratamiento de los datos de acuerdo con las finalidades y servicios aquí reflejados.

Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la política de protección de datos


Responsable: EXTERNA CORPORATIVO SL CIF nº B70321393

Finalidad: Gestionar adecuadamente su demanda de información.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Ver nuestra política de protección de datos