X
Menu

2019

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en la implantación de procesos de PROTECCIÓN DE DATOS

Las transferencias internacionales de datos suponen el envío de datos a destinatarios establecidos fuera del Espacio Económico Europeo, incluidos los datos tratados dentro de un grupo empresarial con filiales fuera de la UE, el nuevo RGDP redefine estos tratamientos en atención a la seguridad en protección de datos, de los países de destino.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a adaptar la política de protección de datos dentro del grupo empresarial internacional, analizando la necesidad de cláusulas tipo, normas corporativas vinculantes, códigos de conducta o en su caso, mecanismos de certificación.

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

En la misma línea de simplificación de procesos burocráticos, se acaba de eliminar el requisito previo de solicitud de permiso al Banco Popular de China para abrir cuentas bancarias en otras entidades en el país.

A partir de ahora, las entidades pueden dirigirse directamente a la entidad financiera de su elección y será ésta la encargada de remitir la documentación necesaria al Banco Popular de China, y de recabar la información necesaria del cliente para el cumplimiento necesario de la normativa local.

El Ministerio de Finanza y la Administración Estatal de Impuestos china, ha realizado varias publicaciones a fin de explicar los cambios llevados a cabo en el Impuesto sobre la renta individual (Ley ITT, por sus siglas en inglés) que afecta también a los no residentes al ser retroactiva al 1 de enero de 2019 y haber modificado el modo de conteo de los días trabajados en ese Estado.

El nuevo método, considerado como un incentivo para atraer talento extranjero a China, supone una concesión fiscal sobre los ingresos de origen no chino hasta el año 2024, a profesionales extranjeros que trabajan en entidades chinas.

Las personas no domiciliadas son responsables de IIT en China sobre sus ingresos mundiales si cumplen las dos condiciones siguientes al mismo tiempo:

  • residir en China durante 183 días o más en cada uno de los ejercicios fiscales durante el período de los seis años anteriores.
  • no estar físicamente fuera de China en un solo viaje durante más de 30 días consecutivos durante ese período de los “seis años anteriores”.

Los “seis años anteriores” se refieren a los seis años consecutivos inmediatamente anteriores al año de la evaluación tributaria, que, retroactivamente se considerará a partir del 1 de enero de 2019.

Si la persona no domiciliada no cumple simultáneamente con esas dos condiciones, sus ingresos con origen en fuentes no chinas pagadas por cualquier entidad extranjera estarán exentas del IIT, siempre que se complete la declaración de impuestos correspondiente.

MÉXICO: Nuevas medidas sancionadoras por operaciones simuladas

Con el fin de establecer límites a la compraventa de facturas sobre operaciones simuladas en México, se ha publicado el 16 de mayo un Decreto que reforma el artículo 113bis del Código Fiscal Mexicano.

Aquellas operaciones mercantiles que sean calificadas por la autoridad fiscal como inexistentes, por no poder demostrar su efectiva materialidad, aun cuando se encuentren amparadas con comprobantes fiscales supuestos, estarán sujetas a las sanciones que ya se establecían referentes a anulación de cualquier efecto fiscal como deducción en el impuesto sobre la renta o de IVA y además a las nuevas ahora establecidas.

La novedad sancionadora ahora es de carácter penal, con penas de 3 a 6 años de prisión para los emisores de los comprobantes, y de 3 meses a 6 años de prisión para quienes se limiten a llevar a cabo su adquisición.

Esta nueva normativa deben tenerla en consideración también los grupos de empresas, en relación a sus operaciones intragrupo por lo sensible que puede resultar para el fisco su análisis.

 

En los últimos años Canadá ya ha dado pasos en el ámbito del control de la evasión fiscal, delitos financieros y lavado de dinero, pero finalmente, a partir del mes de junio de 2019 entra en vigor la Ley de Corporaciones Comerciales con medidas concretas a aplicar tanto a nivel federal como provincial.

La medida principal es la obligación de las empresas privadas de elaborar un registro de personas que, de modo directo o indirecto, tengan un “control significativo” sobre la corporación para determinar quienes son los beneficiarios reales últimos.

Esta medida ya está muy extendida en países de nuestro entorno, pero no ha sido de fácil implantación en otros en los que ha entrado en directa colisión con políticas fiscales más laxas.

Por “control significativo” se entenderá, de acuerdo a la nueva Ley de Corporaciones Comerciales, el que tiene toda persona que ostente el 25% o más de los derechos a voto o el 25% o más del valor de la compañía, ya sea de modo directo o no.

Esta obligación exige la actualización del registro con periodicidad anual y conlleva sanciones al órgano de administración si no se realiza el registro y/o su actualización.

La nueva exigencia es de obligación para todo tipo de negocios y sectores, así como para fideicomisos y asociaciones, ya sean de origen local o extranjero.

Las sanciones pueden variar según los Estados y a modo de ejemplo indicamos que en el Estado de Nueva Columbia, por no revelar el titular real último la multa podría establecerse en un importe hasta de CAD 100,000 o el 15% del valor de la propiedad.

Era de esperar, tras la presión establecida por la OCDE y la UE, Suiza ha aprobado finalmente la reforma de su sistema fiscal que le obligará a eliminar varios de sus regímenes fiscales actuales, al ser considerados como perjudiciales de acuerdo a las políticas de BEPS y su aplicación en este Estado de los criterios del Código de Conducta de la UE.

La reforma fiscal entrará en vigor en enero de 2020 y supondrá la variación de calificación de Suiza, que figura actualmente en la denominada lista gris de jurisdicciones no cooperantes. Presumiblemente, abandonará dicha lista una vez entren en vigor las reformas.

Aun así, Suiza seguirá siendo una jurisdicción atractiva y competitiva desde el punto de vista fiscal, pero las entidades con intereses en ese mercado deberán prestar atención a las medidas transitorias según el Cantón de residencia de sus sociedades, a las deducciones de gastos en investigación y desarrollo y al impacto y beneficios ficales en supuestos de migraciones societarias o de negocio por las nuevas reglas de valoración de los activos.

Además, en materia de “patent box” se adapta el concepto al modelo de la OCDE y de la UE, resultando un régimen muy atractivo que cubre patentes como derechos comparables, excluyendo los derechos de copyright, y contempla una exención de hasta el 90% de los beneficios bajo ciertas reglas específicas que deberán considerarse previamente.

Sin embargo, al no ser miembro UE, Suiza no entra a regular con reglas anti-híbridos o limitaciones de deducibilidad de intereses financieros o transparencia fiscal internacional.

UNIÓN EUROPEA:  ESPAÑA: La Protección de Datos de Cumpleaños

Este mes, hizo un año desde la entrada en vigor del nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, el 25 de mayo. En diciembre de 2018, se completó en España con la Ley Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales.

Con estas normas se obliga a las empresas al tratamiento de datos personales con responsabilidad proactiva “accountability” o, lo que puede traducirse como “tener que rendir cuentas”, y esto inevitablemente ha supuesto: duplicar la documentación de protección de datos.

El nuevo escenario “proactivo” invierte la carga de la prueba respecto al adecuado tratamiento de estos datos personales. El interesado o afectado que reclame no tendrá que aportar nada, sino que es la empresa o entidad que trata o ha tratado los datos, quien tiene que estar en condiciones de demostrar que lo ha hecho de forma correcta.

Con sanciones de hasta 20 millones de euros, o de una cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual del ejercicio anterior, y se opta siempre por la de mayor cuantía, la aplicación de esta nueva normativa, sigue encontrándose con tres dificultades esenciales:

  • La falta de implicación de la dirección general de las empresas
  • La respuesta automática de “pero las cosas siempre se han hecho así”
  • La solicitud y tratamiento de información personal desproporcionada, “por si acaso”.

Las diez grandes novedades, a destacar, de la nueva legislación son:

  1. Responsabilidad proactiva: justificar, documentar, probar. El hecho de documentar medidas y actuaciones, disminuye la responsabilidad y la sanción.
  2. Privacidad en el diseño y por defecto de cualquier nuevo servicio, o proyecto que trate datos personales. Desde mayo del año pasado, cualquier nuevo tratamiento supondrá un análisis de riesgos o, en su caso, una evaluación previa de impacto que obligue a elegir entre diversas alternativas, la más restrictiva y la que mejor proteja a los interesados. No hacer estos estudios previos supone una inmediata sanción.
  3. La minimización de los datos. Sólo han de ser objeto de tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada fin específico del tratamiento. Y esto afecta a la cantidad de los datos recogidos, a la extensión de sus tratamientos, a su plazo de conservación y a su accesibilidad.
  4. Transparencia y consentimientos reforzados. Obligación de informar de todo el tratamiento y de recabar el consentimiento expreso. Esencial para las entidades: poder demostrar que se tiene ese consentimiento expreso.
  5. Nuevos datos sensibles: genéticos y biométricos cuando sean identificativos. Ej: La huella digital exige una valoración de su proporcionalidad o no, antes de recabarla y condiciones expresas para que su tratamiento sea autorizado.
  6. Nuevos derechos para los interesados: la portabilidad y la limitación del tratamiento.
  7. “Flexibilización” de las medidas de seguridad: han de adaptarse a cada tratamiento, y tener los parámetros organizativos necesarios. Todos ellos se dejan a la valoración de la empresa, pero deben estar debidamente justificados y documentados en los análisis del riesgo, que deben ser revisados y actualizados, para evitar las sanciones del Reglamento Europeo.
  8. Registro de Actividades de tratamiento: obligatorio para todas las entidades que traten datos sensibles. Se deben recoger todos los tratamientos, estar actualizado y ser objeto de revisión periódica.
  9. Delegado de Protección de Datos: Obligatorio para determinadas entidades y sobre todo cuando haya una observación sistemática de interesados a “gran escala”, cuando se elaboren perfiles de usuarios a gran escala, …. El Delegado de Protección de Datos no realiza la implantación o implementación de la protección de datos, porque su obligación es examinarla, controlarla y verificarla lo más independientemente posible, así como recibir, actuar y notificar ante reclamaciones y brechas de seguridad.
  10. Evaluación Previa del Impacto en privacidad de cualquier nuevo servicio, proyecto o programa para determinados tratamientos. Ha de realizarse antes de ponerlo en marcha y debe de ser sistemática y reproducible. Cuando de esta evaluación se desprenda la existencia de un riesgo elevado, antes de poner en marcha el nuevo servicio o programa ha de realizarse una consulta a la Autoridad de Control o replantear su viabilidad.

Con todo ello, el Reglamento Europeo, inevitablemente viene para quedarse obligando a crear en las empresas una cultura y respeto por la privacidad, que salvaguarde los datos personales de los ciudadanos de la Unión Europea que manejan las instituciones públicas, empresas y organizaciones.

En un año, la adaptación al Reglamento empieza a evidenciarse:

  • En el aumento de las reclamaciones de particulares o empresas ante la Agencia Española de Protección de Datos, en 2018, un 32,8%, lo cual ha supuesto unas 14.146 reclamaciones.
  • En la notificación de 60.000 brechas de seguridad, que han sido reportadas por empresas y entidades a las autoridades competentes de cada país. En España, la Agencia de Protección de Datos recibe una media de 2 notificaciones diarias, lo que significa unas 700 brechas de seguridad comunicadas desde que entró en vigor el Reglamento Europeo
  • En que las empresas son cada vez más sensibles al cumplimiento del Reglamento de Protección de Datos, un 68% ya califican el RGDP como prioridad máxima.

¿Qué nivel de riesgo está dispuesto a tolerar en su empresa?

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en SUIZA

Suiza es una puerta de entrada a los mercados de África y Oriente Medio. Aunque no es un miembro oficial de la Unión Europea, opera un entorno empresarial similar gracias a los acuerdos y tratados firmados con la UE.

Desde enero de 2108, todas las empresas con sede en el extranjero que operen en Suiza y proporcionen suministros de bienes o servicios en este país serán responsables del IVA, si generan un volumen de negocios mundial de al menos CHF 100.000.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a entender y cumplir los requisitos de registro de IVA y los que afectan al desplazamiento de trabajadores, atendiendo a las especialidades de los diferentes Cantones.

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

Entró en vigor el 1 de abril de 2019, los reglamentos emitidos por la Tesorería Nacional de Sudáfrica, que amplían la definición de “servicios electrónicos” en relación al IVA, lo cual tendrá un importante impacto para las empresas extranjeras que suministran en este país. Entre otros servicios, los afectados son:

  • Publicidad online
  • Consultoría en línea
  • Suscripciones de software
  • Servicios de streaming
  • Juegos en línea
  • Formación en línea y publicaciones

La ampliación de la nueva definición de estos servicios, supone para los proveedores extranjeros e intermediarios que los facilitan, la obligación de registrarse a efectos de IVA local si el valor total de estos suministros supera un millón de ZAR (aproximadamente 63.000 €) durante un período de 12 meses.

Únicamente se ha establecido una exclusión para los suministros intragrupos. En este contexto, un proveedor extranjero no será considerado como proveedor de servicios electrónicos si:

  • El destinatario de los servicios y el proveedor extranjero forman parte del mismo grupo de empresas
  • El destinatario adquirió exclusivamente los servicios para fines de consumo en Sudáfrica

Además, se incluye una nueva definición de “Intermediario” a efectos de IVA, para aquellas ofertas de servicios en los que la persona que facilita el suministro de servicios electrónicos, es responsable de la emisión de la factura y del cobro del pago.

Importante: todos los proveedores que forman parte de un “Grupo de Empresas” deben examinar si sus servicios pueden acogerse a la exclusión de intragrupo, o si están obligados a registrarse a efectos de IVA.

Así mismo, todos los proveedores extranjeros que suministren servicios a través de un intermediario, deberán verificar si la función de intermediario se incluye en su obligación de IVA o si tiene una obligación de registro propia a partir de ahora.

La Autoridad Federal de Impuestos de Emiratos Árabes Unidos, ha emitido el pasado mes de abril, la Decisión del Gabinete No.1/2019 sobre la devolución del IVA relacionado con la “Expo 2020 Dubai”.

El organismo rector de este plan de incentivos será el propio Bureau de la Expo 2020 Dubai, y se aplicará a quienes tengan una licencia comercial para la Expo siempre que no use, ni pretenda usar, más del 20% del espacio de la exposición para fines no comerciales.

Los participantes podrán reclamar el IVA de importación y adquisición de cuatro categorías de bienes y servicios:

  • Aquellos relacionados directamente con la construcción, instalación, modificación, decoración del espacio de exposición;
  • Los relacionados con los eventos y presentaciones dentro de su espacio de exposición o de la Expo 2020;
  • Los relacionados con el funcionamiento de la oficina como participante de la Expo, siempre que el valor de cada bien / servicio para el cual se hace una reclamación no sea inferior a AED 200;
  • Los que sean destinados al uso del personal y de los beneficiarios del participante en la Expo.

Para poder reclamar el IVA de los gastos de las dos primeras categorías será necesario solicitar un certificado de devolución emitido por el Bureau de la Expo.

Los participantes registrados en el IVA del país pueden solicitar la devolución a través de del sistema periódico de declaración de IVA. Las entidades que no estén registrados en el IVA local, deberán presentar una solicitud de devolución al Bureau siguiendo el procedimiento establecido para ello.

El Registro en el IVA del país es obligatorio cuando el valor de los suministros o importaciones sujetos a impuestos (con fines comerciales) en los Emiratos Árabes Unidos exceda, o se prevé que supere, el umbral de registro obligatorio, 375,000 AED.

Atención: Las mercancías importadas al por Participante en la EXPO que hayan generado devolución de IVA, quedarán afectadas a la prohibición de su venta o transferencia posterior, salvo consentimiento previo del Bureau y pago del IVA correspondiente.

Tras la falta de acuerdo sobre la propuesta de Directiva europea dirigida a un sistema común de un impuesto a los servicios digitales, y en medio del debate sobre tributación digital del G20 / OCDE, Austria ha decidido no esperar por soluciones internacionales y ha comenzado a implementar medidas unilaterales, que sin duda sentarán las bases de la futura regulación a nivel europeo.

El proyecto de Ley de Impuestos Digitales presentado por el Ministro de Finanzas austríaco, incluye un nuevo impuesto digital sobre los servicios de publicidad en línea, e implementa un paquete de medidas para el Comercio Electrónico en lo que respecta al IVA, así como unos plazos muy concretos para su entrada en vigor inminente.

El nuevo canon digital se fija en el 5% sobre los ingresos derivados de la venta de servicios de publicidad digital. Supone la eliminación del umbral existente de exención del IVA para este tipo de servicios de baja cuantía, y se prevé que entre en vigor en 2020.

Actualmente, las ventas de espacios publicitarios tradicionales (medios impresos, radiodifusión, carteles y vallas publicitarias…) están sujetas al impuesto austriaco a la publicidad.

El proyecto de ley propone un nuevo impuesto a los servicios digitales aplicable a los ingresos generados en Austria a través de la venta de espacios publicitarios en línea, como anuncios publicitarios y anuncios en motores de búsqueda.  El impuesto se devengará si los destinatarios están en el país, es decir, que la publicidad en línea se dirija a usuarios de Internet austriacos y se muestre en dispositivos de usuarios austriacos.

La ubicación de los dispositivos de usuarios austriacos se determinaría utilizando la dirección del IP o, si es más precisa, cualquier otro método de geolocalización, como la geoingeniería.

El nuevo impuesto a los servicios digitales, solo se aplicaría a las grandes corporaciones con ingresos anuales mundiales superiores a los 750 millones de Euros y cuando, además, los ingresos en Austria derivados de las ventas de espacios publicitarios en línea superen los 25 millones de Euros.

Las compañías tendrán que presentar una declaración de impuestos de servicios digitales que se liquidará con carácter anual al finalizar el ejercicio fiscal. El proyecto de ley deja la puerta abierta a una evaluación y adaptación futura apenas se adopten soluciones globales en este tema por la UE y/o la OCDE.

Otra de las medidas destinadas a reforzar las normas fiscales de la economía digital, y que entrará en juego a partir de 2020, es la asunción de responsabilidad por parte de las plataformas digitales, de la obligación de informar de todas las ventas a la autoridad fiscal.

Esto se realizará a través del mantenimiento de registros por parte de las empresas que habilitan suministros u otros servicios que utilizan plataformas o mercados en línea (interfaces electrónicas), que no tienen que pagar el IVA, pero que estarán obligados a proporcionar información que garantice que el IVA se contabiliza correctamente. Si se incumple esta obligación, la interfaz electrónica será la responsable del impuesto.

El último paquete de medidas relativas al e-commerce que entrará en vigor el 1 de enero de 2021, se dirigirán a garantizar los impuestos en el Estado de destino. Para ello se simplificarán las operaciones para empresas (One-Stop-Shop), evitando que se registren en el IVA del Estado miembro de destino.

El umbral de venta a distancia se eliminará y, como simplificación, los suministros de bienes o servicios hasta un ingreso total de EUR 10.000 por año, se gravarán en el lugar de origen de los bienes o donde el proveedor haya establecido su negocio.

La One-Stop-Shop (OSS) se ampliará para incluir todas las ventas a distancia dentro de la UE y todos los servicios prestados por empresas de la UE a personas no sujetas a impuestos residentes en otro Estado miembro.

Las nuevas medidas fiscales también garantizarán que todos los bienes comprados a proveedores extranjeros de terceros países a través de plataformas minoristas en línea estén sujetos al IVA. Actualmente, las importaciones en Austria desde terceros países con un valor de 22 EUR o menos están exentos del IVA.

La nueva propuesta elimina esta exención a la importación de artículos de pequeño valor, e introduce un nuevo régimen de venta a distancia en el que la importación de bienes con un valor de hasta EUR 150, estará exenta si se proporciona un número de identificación de IVA en la declaración de importación y el suministro de bienes se gravará bajo un régimen especial (Import One Stop Shop – IOSS).

Por lo tanto, el IOSS se aplicará a todos los servicios prestados por una empresa no perteneciente a la UE, a personas no sujetas a impuestos dentro de la UE.

Los dirigentes de la UE-27 han acordado, de mutuo acuerdo con el Reino Unido, aplazar el Brexit hasta el 31 de octubre de 2019.

Se toma en cuenta la carta enviada por Theresa May, Primera ministra británica, en la que solicitaba una nueva prórroga, la cual ha sido concedida sin que, en ningún caso, pueda rebasar el 31 de octubre de 2019.

En caso de que ambas partes ratifiquen el Acuerdo de Retirada antes de esa fecha, ésta deberá producirse el primer día del mes siguiente.

Esta situación obliga al el Reino Unido a participar en las elecciones al Parlamento Europeo. Si no lo hiciera, su retirada de la UE se produciría de forma automática el 1 de junio de 2019.

UNIÓN EUROPEA:  HOLANDA. Registro de titular real último.

El Ministro de Finanzas de los Países Bajos, envió a la Cámara de Representantes el pasado 4 de abril, una propuesta, aún pendiente de aprobación formal, para implementar un registro de beneficiarios finales (UBO) para las empresas y otras personas jurídicas.

El Registro UBO, se integrará en el registro comercial holandés y, por lo tanto, estará bajo la administración de la Cámara de Comercio. Será un registro centralizado de los beneficiarios finales de las empresas y otras corporaciones, establecidas en los Países Bajos, y se hará efectivo como muy tarde, el 10 de enero de 2020.

Este Registro persigue aumentar la transparencia sobre el beneficiario final de las empresas, y combatir los delitos financieros y económicos, la evasión fiscal y el blanqueo de capitales, entre otros objetivos, implementando así las Directivas UE 849/2015 y 843/2018 de prevención de estos delitos financieros.

Las entidades obligadas a registrar la información de sus UBO serán: Sociedades limitadas (BV), sociedades anónimas (NV), compañías públicas europeas (sociedades anónimas europeas, agrupaciones europeas de interés económico, empresas y cooperativas europeas.

Sin embargo, las empresas unipersonales, empresas públicas, iglesias, asociaciones de propietarios, ciertos tipos de entidades legales históricas y entidades legales extranjeras con oficina principal o sucursal en los Países Bajos estarán exentos de la obligación de registrar información de su UBO.

También estarán exentas las empresas sujetas a los requisitos de divulgación de la Directiva de Transparencia de la UE.

El no cumplir con esta obligación supondrá un delito económico, y podrá ser sancionado con prisión, servicios a la comunidad o multa económica. Además, se podrán imponer sanciones adicionales, como la descalificación de la práctica profesional del director, o el cierre total o parcial de la empresa.

El retraso en la presentación de la dicha información sobre el UBO (titular o beneficiario real último) también conllevará sanciones administrativas.

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en tu plan de Contingencia frente al BREXIT

El impacto de un Brexit sin acuerdo, es un escenario cada vez más posible ante la incapacidad de la Primera Ministra May, de sacarlo adelante.

Esta falta de concreción está perjudicando  a las empresas con negocios  o  intereses en el Reino Unido, por lo que se hace necesario contar con un plan de contingencia  temporal para los sectores que se verán más afectados, – trámites aduaneros, transportes, licencias y servicios-, y que incluya medidas en estas áreas específicas, en las que es absolutamente necesario proteger los intereses de la empresa.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a prever y organizar los cambios de una transición incierta, el aumento de la carga administrativa y a prepararse como operador económico autorizado.  Que tus negocios no se resientan!!.

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

En este caso, nos referimos a los pagos por la presentación tardía de las declaraciones de impuestos y de las retenciones, tal y como recoge la nueva Ley Presupuestaria para este ejercicio.

Las sanciones por retraso en la presentación de impuestos se incrementan en QR 500 por día de retraso, hasta un máximo de QR 180,000 (la ley fiscal anterior establecía sanciones de 100 QR por día de retraso hasta un máximo de 36,000 QR).

En el caso de retrasos en los ingresos por las retenciones debidas a las arcas públicas, se sanciona con un 2% sobre el importe a pagar, por mes de demora, y hasta un total que iguale al impuesto debido.

En relación a los importes máximos y mínimos para la aplicación automática de los Convenios para evitar la doble imposición (CDIs), el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, acaba de emitir una resolución con efectos para todo el ejercicio 2019.

La cantidad máxima para aplicar automáticamente los beneficios se ha fijado ahora en US$565.500 (aproximadamente EUR 492.000).

Los agentes retenedores (empresas ecuatorianas) deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos para que se apliquen los beneficios de modo automático. Además, deberá contar con el certificado de residencia fiscal del beneficiario que avale tal retención.

  • Que el pago se realice por una distribución de dividendos y se haya informado previamente a los beneficiarios efectivos.
  • Que ese importe pueda ser considerado como un gasto para el agente que aplica la retención y cumpla con la condición de no deducible en el impuesto sobre la renta.
  • Que la suma de todos los pagos realizados por un mismo agente de retención ecuatoriano a un mismo proveedor en el mismo año fiscal, no supere los 565.500 $USA.
  • Que el beneficiario no residente, solicite al SRI la “calificación automática del convenio” y se le conceda, tras comprobar una serie de requisitos previamente establecidos. Esta opción tiene un plazo máximo de vigencia de 36 meses o hasta el fin del contrato del que derivan los pagos realizados por la empresa ecuatoriana.

La Ley de Financiamiento No. 1943, de 28 de diciembre de 2018, modificó el tipo de retención aplicable a los dividendos distribuidos por sociedades colombianas a personas jurídicas no residentes en Colombia.

Esta retención se incrementó del 5% hasta el 7,5%.

Estas modificaciones, respecto al marco vigente desde el pasado 2016, obligó a las autoridades locales, la DIAN, a emitir una Circular aclaratoria por la cual se realizan distinciones dependiendo del ejercicio que haya dado lugar a esos dividendos.

  • Los dividendos procedentes de ejercicios previos al ejercicio 2017: no están sujetos a retención.
  • Los dividendos procedentes de beneficios correspondientes al ejercicio 2017 y distribuidos antes del 31 de diciembre de 2018 a sociedades no residentes en Colombia: tendrán una retención del 5%.
  • Los dividendos procedentes de beneficios correspondientes al ejercicio 2017 y distribuidos después del 31 de diciembre de 2018 a sociedades no residentes en Colombia: tendrán una retención del 7,5%.

Ya ha entrado en vigor la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”) publicada en el BOE el pasado 21 de febrero, que traspone la Directiva (UE) 2016/943 de secretos comerciales.

Frente al uso de las tecnologías en la información, el espionaje económico y la revelación de secretos empresariales, esta norma viene a armonizar y elevar el nivel de protección integrando normativa que se encontraba desperdigada en el Código Penal, la Ley de Competencia Desleal o la Ley de Patentes.

Se define el concepto de “secreto empresarial” y se establecen las acciones que violan tal derecho y las de defensa del mismo.

El plazo de prescripción se ha fijado en tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

A nivel sancionador, se han agravado las medidas que los tribunales pueden adoptar por el incumplimiento de las reglas de buena fe procesal. El fin es impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen acciones previstas en la LSE con la intención de ejercer una presión indebida sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por algunas de las excepciones de la norma.

Así, se prevén multas de hasta la tercera parte de la cuantía del litigio, considerando la gravedad del perjuicio ocasionado, la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados.

Además, se faculta a los jueces para que adopten medidas para preservar el tratamiento de la información confidencial que se aporte o se genere en el transcurso del proceso. Esto parte de la premisa de que para conocer el secreto empresarial hay que conocer el secreto infringido.

Se pretende evitar así el desincentivo que pudiera causar ejercitar acciones judiciales por temor a exponer información sensible.

UNIÓN EUROPEA:  BREXIT – ÚLTIMA HORA

El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez el plan de Theresa May para el Brexit por sólo 58 votos de diferencia. La nueva fecha sobre la mesa es el 12 de abril, para que el Reino Unido comunique qué quiere hacer:

  • Pedir una prórroga larga – de al menos un año,
  • Irse de la UE sin acuerdo, el próximo 12 de abril.

Sin embargo, todavía no se han descartado opciones como otro referéndum, o la dimisión de May para que el Parlamento tome el control y renegocie una salida suave, y se guarda en la recámara, el 22 de mayo, fecha previa a las elecciones Europeas – como plazo final de emergencia debidamente justificado.

Entre los impactos significativos de un escenario sin acuerdo, destacan:

  • En el plano económico: Brusca transición a las normas de la OMC.

Abandono del Mercado Único y la Unión Aduanera. UE y el Reino Unido se tratarían como tercer país para el comercio de mercancías. Aplicación de reglas de aduana e impuestos especiales.

Cada envío requerirá una declaración de aduanas, incrementándose significativamente la carga administrativa y el coste para las empresas, solo con las declaraciones de aduanas.

Industrias con cadenas de suministro integradas UK-UE se enfrentarán a costes y cargas adicionales. Nuevos procedimientos aduaneros, requisitos de cumplimiento, los plazos de entrega afectados por inmediata reducción del flujo de tráfico en todo el Canal.

El sector de servicios, actualmente respaldado por la libre circulación de personas, en un escenario sin acuerdo, las empresas serían tratadas como proveedores de servicios de terceros países con riesgo de pérdida de acceso al mercado.

Esto supondrá un aumento de barreras no arancelarias como requisitos de nacionalidad, movilidad o de reconocimiento de calificaciones, así como barreras reglamentarias para establecer sucursales.

  • Aranceles:  Aumento de control y de carga administrativa.

Más controles en la frontera.  No se permitirá que las mercancías salgan del puerto hasta que hayan sido correctamente despachadas (incluidos controles en puerto sobre productos de origen animal).

Retención de todas las operaciones que no estén debidamente documentadas. Previsión de reducción drástica durante meses del flujo de mercancías a través de los cruces de canales cortos (Dover y Eurotunnel).  Francia ha comenzado la construcción de puestos de inspección fronteriza (BIP) en Calais y Coquelles, y trabaja en la contratación de veterinarios para estos BIP desde finales del 2018.

La preocupación del Reino Unido para evitar el desabastecimiento inicial de productos, posibilita la existencia de procedimientos simplificados de transición para el comercio de la UE. Se incorporará gradualmente las Declaraciones de resumen de entrada, durante los seis meses posteriores al no acuerdo, en lugar de desde el día 1 de la salida.

Aumento de costes de productos y sustancias químicas que se fabriquen en Reino Unido. Las empresas del Reino Unido solo podrán venderlas en la UE siempre que hayan transferido su registro en la Agencia Central de Productos Químicos de Europa a una entidad con sede en la UE.

Esto supondrá costes de transferencia de registros, tarifas de registro y cargas administrativas adicionales, además de los aranceles de la OMC en un promedio del  5%).

– Transferencia internacional de datos personales:  Reino Unido y empresas UE con sucursales o filiales en este país tendrán que adaptarse a la legislación de la UE para el tratamiento y flujo de los datos personales.

Estas decisiones de adecuación no podrán comenzar hasta que Reino Unido sea un tercer país. En caso de no acuerdo, se abrirá una brecha en el flujo libre legítimo de datos personales mientras se lleva a cabo la evaluación.

Será necesario, en estos casos, que las empresas de Reino Unido y las de la UE garanticen una base legal para la transferencia de datos personales desde el Espacio Europeo al Reino Unido.

En España las empresas que operan con filiales o sucursales en el Reino Unido, empiezan a preparar planes de contingencia que incluyen reorganizar sus estructuras jurídicas, a través de absorciones transfronterizas por empresas de un país UE.

El objetivo de estos planes es mantener licencias para prestar servicios, autorizaciones de productos, patentes…

Este tipo de reorganización dirigida a minimizar el riesgo por Brexit, podrá considerarse como un motivo económicamente válido a los efectos de aplicar el régimen especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Esta opción podrá ser de aplicación siempre que se persiga proporcionar la flexibilidad necesaria para asegurar, tras el Brexit, que el grupo empresarial será capaz de prestar servicios a sus clientes en Europa, y busque las condiciones propicias para que los empleados puedan desplazarse internacionalmente cuando sea necesario.

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en PERÚ

España y Perú siguen sin tener un Convenio vigente para evitar la doble imposición, pero eso no evita el interés que despierta este país suramericano en las empresas españolas.

Por este motivo debemos prestar especial atención a las modificaciones normativas locales como la última referente a la deducibilidad de los gastos por servicios intragrupo  a nivel local, para tener controlas nuestras finanzas y las consecuencias económicas que estos cambios pudieran causar a nuestro grupo empresarial.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a prever y organizar estos cambios normativos. Que tus negocios y tu vida no se resientan.

¡Infórmate, no lo dejes pasar! En Externa Corporativo te ayudamos a incrementar tu actividad empresarial internacional minorando riesgos. ¡Consúltanos sin compromiso!

Suscríbase a nuestras noticias

Vamos a proceder a la recogida de sus datos, por favor, lea atentamente nuestra política de protección de datos

Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la política de protección de datos

Deseo recibir comunicaciones publicitarias por correo postal o electrónico sobre servicios de esta entidad, así como recibir el Newsletter digital de Externa Corporativo SL.

Responsable: EXTERNA CORPORATIVO SL CIF nº B70321393

Finalidad: Gestionar adecuadamente su demanda de información.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Ver nuestra política de protección de datos

Tiene alguna duda. ¡Escríbanos sin compromiso!

Vamos a proceder a la recogida de sus datos, por favor, lea atentamente nuestra política de protección de datos




Los campos marcados con * son obligatorios

Marcando esta casilla, manifiesta haber leído y aceptado expresamente la presente Política de Privacidad y Protección de Datos, otorgando su consentimiento inequívoco y expreso a EXTERNA CORPORATIVO SL para el tratamiento de los datos de acuerdo con las finalidades y servicios aquí reflejados.

Consiento expresamente el tratamiento de mis datos personales de conformidad con la política de protección de datos


Responsable: EXTERNA CORPORATIVO SL CIF nº B70321393

Finalidad: Gestionar adecuadamente su demanda de información.
Legitimación: Consentimiento del interesado
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal
Derechos: Tiene derecho a acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, como se explica en la información adicional
Información adicional: Ver nuestra política de protección de datos