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2019

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en tu plan de Contingencia frente al BREXIT

El impacto de un Brexit sin acuerdo, es un escenario cada vez más posible ante la incapacidad de la Primera Ministra May, de sacarlo adelante.

Esta falta de concreción está perjudicando  a las empresas con negocios  o  intereses en el Reino Unido, por lo que se hace necesario contar con un plan de contingencia  temporal para los sectores que se verán más afectados, – trámites aduaneros, transportes, licencias y servicios-, y que incluya medidas en estas áreas específicas, en las que es absolutamente necesario proteger los intereses de la empresa.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a prever y organizar los cambios de una transición incierta, el aumento de la carga administrativa y a prepararse como operador económico autorizado.  Que tus negocios no se resientan!!.

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En este caso, nos referimos a los pagos por la presentación tardía de las declaraciones de impuestos y de las retenciones, tal y como recoge la nueva Ley Presupuestaria para este ejercicio.

Las sanciones por retraso en la presentación de impuestos se incrementan en QR 500 por día de retraso, hasta un máximo de QR 180,000 (la ley fiscal anterior establecía sanciones de 100 QR por día de retraso hasta un máximo de 36,000 QR).

En el caso de retrasos en los ingresos por las retenciones debidas a las arcas públicas, se sanciona con un 2% sobre el importe a pagar, por mes de demora, y hasta un total que iguale al impuesto debido.

En relación a los importes máximos y mínimos para la aplicación automática de los Convenios para evitar la doble imposición (CDIs), el Servicio de Rentas Internas (SRI) de Ecuador, acaba de emitir una resolución con efectos para todo el ejercicio 2019.

La cantidad máxima para aplicar automáticamente los beneficios se ha fijado ahora en US$565.500 (aproximadamente EUR 492.000).

Los agentes retenedores (empresas ecuatorianas) deberán cumplir al menos uno de los siguientes requisitos para que se apliquen los beneficios de modo automático. Además, deberá contar con el certificado de residencia fiscal del beneficiario que avale tal retención.

  • Que el pago se realice por una distribución de dividendos y se haya informado previamente a los beneficiarios efectivos.
  • Que ese importe pueda ser considerado como un gasto para el agente que aplica la retención y cumpla con la condición de no deducible en el impuesto sobre la renta.
  • Que la suma de todos los pagos realizados por un mismo agente de retención ecuatoriano a un mismo proveedor en el mismo año fiscal, no supere los 565.500 $USA.
  • Que el beneficiario no residente, solicite al SRI la “calificación automática del convenio” y se le conceda, tras comprobar una serie de requisitos previamente establecidos. Esta opción tiene un plazo máximo de vigencia de 36 meses o hasta el fin del contrato del que derivan los pagos realizados por la empresa ecuatoriana.

La Ley de Financiamiento No. 1943, de 28 de diciembre de 2018, modificó el tipo de retención aplicable a los dividendos distribuidos por sociedades colombianas a personas jurídicas no residentes en Colombia.

Esta retención se incrementó del 5% hasta el 7,5%.

Estas modificaciones, respecto al marco vigente desde el pasado 2016, obligó a las autoridades locales, la DIAN, a emitir una Circular aclaratoria por la cual se realizan distinciones dependiendo del ejercicio que haya dado lugar a esos dividendos.

  • Los dividendos procedentes de ejercicios previos al ejercicio 2017: no están sujetos a retención.
  • Los dividendos procedentes de beneficios correspondientes al ejercicio 2017 y distribuidos antes del 31 de diciembre de 2018 a sociedades no residentes en Colombia: tendrán una retención del 5%.
  • Los dividendos procedentes de beneficios correspondientes al ejercicio 2017 y distribuidos después del 31 de diciembre de 2018 a sociedades no residentes en Colombia: tendrán una retención del 7,5%.

Ya ha entrado en vigor la Ley de Secretos Empresariales (“LSE”) publicada en el BOE el pasado 21 de febrero, que traspone la Directiva (UE) 2016/943 de secretos comerciales.

Frente al uso de las tecnologías en la información, el espionaje económico y la revelación de secretos empresariales, esta norma viene a armonizar y elevar el nivel de protección integrando normativa que se encontraba desperdigada en el Código Penal, la Ley de Competencia Desleal o la Ley de Patentes.

Se define el concepto de “secreto empresarial” y se establecen las acciones que violan tal derecho y las de defensa del mismo.

El plazo de prescripción se ha fijado en tres años desde que el legitimado tuvo conocimiento de la persona que realizó la violación del secreto empresarial.

A nivel sancionador, se han agravado las medidas que los tribunales pueden adoptar por el incumplimiento de las reglas de buena fe procesal. El fin es impedir que, bajo la cobertura de la supuesta defensa de un secreto empresarial, se utilicen acciones previstas en la LSE con la intención de ejercer una presión indebida sobre quien ha obtenido algún tipo de información cuya divulgación pudiera estar cubierta por algunas de las excepciones de la norma.

Así, se prevén multas de hasta la tercera parte de la cuantía del litigio, considerando la gravedad del perjuicio ocasionado, la conducta abusiva o de mala fe, la intencionalidad y el número de afectados.

Además, se faculta a los jueces para que adopten medidas para preservar el tratamiento de la información confidencial que se aporte o se genere en el transcurso del proceso. Esto parte de la premisa de que para conocer el secreto empresarial hay que conocer el secreto infringido.

Se pretende evitar así el desincentivo que pudiera causar ejercitar acciones judiciales por temor a exponer información sensible.

UNIÓN EUROPEA:  BREXIT – ÚLTIMA HORA

El Parlamento británico ha rechazado por tercera vez el plan de Theresa May para el Brexit por sólo 58 votos de diferencia. La nueva fecha sobre la mesa es el 12 de abril, para que el Reino Unido comunique qué quiere hacer:

  • Pedir una prórroga larga – de al menos un año,
  • Irse de la UE sin acuerdo, el próximo 12 de abril.

Sin embargo, todavía no se han descartado opciones como otro referéndum, o la dimisión de May para que el Parlamento tome el control y renegocie una salida suave, y se guarda en la recámara, el 22 de mayo, fecha previa a las elecciones Europeas – como plazo final de emergencia debidamente justificado.

Entre los impactos significativos de un escenario sin acuerdo, destacan:

  • En el plano económico: Brusca transición a las normas de la OMC.

Abandono del Mercado Único y la Unión Aduanera. UE y el Reino Unido se tratarían como tercer país para el comercio de mercancías. Aplicación de reglas de aduana e impuestos especiales.

Cada envío requerirá una declaración de aduanas, incrementándose significativamente la carga administrativa y el coste para las empresas, solo con las declaraciones de aduanas.

Industrias con cadenas de suministro integradas UK-UE se enfrentarán a costes y cargas adicionales. Nuevos procedimientos aduaneros, requisitos de cumplimiento, los plazos de entrega afectados por inmediata reducción del flujo de tráfico en todo el Canal.

El sector de servicios, actualmente respaldado por la libre circulación de personas, en un escenario sin acuerdo, las empresas serían tratadas como proveedores de servicios de terceros países con riesgo de pérdida de acceso al mercado.

Esto supondrá un aumento de barreras no arancelarias como requisitos de nacionalidad, movilidad o de reconocimiento de calificaciones, así como barreras reglamentarias para establecer sucursales.

  • Aranceles:  Aumento de control y de carga administrativa.

Más controles en la frontera.  No se permitirá que las mercancías salgan del puerto hasta que hayan sido correctamente despachadas (incluidos controles en puerto sobre productos de origen animal).

Retención de todas las operaciones que no estén debidamente documentadas. Previsión de reducción drástica durante meses del flujo de mercancías a través de los cruces de canales cortos (Dover y Eurotunnel).  Francia ha comenzado la construcción de puestos de inspección fronteriza (BIP) en Calais y Coquelles, y trabaja en la contratación de veterinarios para estos BIP desde finales del 2018.

La preocupación del Reino Unido para evitar el desabastecimiento inicial de productos, posibilita la existencia de procedimientos simplificados de transición para el comercio de la UE. Se incorporará gradualmente las Declaraciones de resumen de entrada, durante los seis meses posteriores al no acuerdo, en lugar de desde el día 1 de la salida.

Aumento de costes de productos y sustancias químicas que se fabriquen en Reino Unido. Las empresas del Reino Unido solo podrán venderlas en la UE siempre que hayan transferido su registro en la Agencia Central de Productos Químicos de Europa a una entidad con sede en la UE.

Esto supondrá costes de transferencia de registros, tarifas de registro y cargas administrativas adicionales, además de los aranceles de la OMC en un promedio del  5%).

– Transferencia internacional de datos personales:  Reino Unido y empresas UE con sucursales o filiales en este país tendrán que adaptarse a la legislación de la UE para el tratamiento y flujo de los datos personales.

Estas decisiones de adecuación no podrán comenzar hasta que Reino Unido sea un tercer país. En caso de no acuerdo, se abrirá una brecha en el flujo libre legítimo de datos personales mientras se lleva a cabo la evaluación.

Será necesario, en estos casos, que las empresas de Reino Unido y las de la UE garanticen una base legal para la transferencia de datos personales desde el Espacio Europeo al Reino Unido.

En España las empresas que operan con filiales o sucursales en el Reino Unido, empiezan a preparar planes de contingencia que incluyen reorganizar sus estructuras jurídicas, a través de absorciones transfronterizas por empresas de un país UE.

El objetivo de estos planes es mantener licencias para prestar servicios, autorizaciones de productos, patentes…

Este tipo de reorganización dirigida a minimizar el riesgo por Brexit, podrá considerarse como un motivo económicamente válido a los efectos de aplicar el régimen especial del Capítulo VII del Título VII de la Ley 27/2014 del Impuesto de Sociedades.

Esta opción podrá ser de aplicación siempre que se persiga proporcionar la flexibilidad necesaria para asegurar, tras el Brexit, que el grupo empresarial será capaz de prestar servicios a sus clientes en Europa, y busque las condiciones propicias para que los empleados puedan desplazarse internacionalmente cuando sea necesario.

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en PERÚ

España y Perú siguen sin tener un Convenio vigente para evitar la doble imposición, pero eso no evita el interés que despierta este país suramericano en las empresas españolas.

Por este motivo debemos prestar especial atención a las modificaciones normativas locales como la última referente a la deducibilidad de los gastos por servicios intragrupo  a nivel local, para tener controlas nuestras finanzas y las consecuencias económicas que estos cambios pudieran causar a nuestro grupo empresarial.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a prever y organizar estos cambios normativos. Que tus negocios y tu vida no se resientan.

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China continúa poco a poco realizando modificaciones fiscales que incrementen la inversión extranjera, dada la desaceleración y desinversión en los últimos ejercicios, así como la seguridad y la continuidad de las pequeñas y medianas empresas locales para estimular la economía. Tales medidas afectan principalmente al impuesto de sociedades y a la IVA.

Se han establecido tipos reducidos del 5 y del l0%, siendo el general del 25%, para entidades con una facturación menor a RMB 50 millones y menos de 300 trabajadores. Por otro lado, se ha modificado la lista de sectores de actividad en los que estaba prohibido o restringida la entrada de inversores extranjeros, estando ahora más sectores accesibles.

Para los inversores extranjeros, se ha simplificado considerablemente los trámites burocráticos en cuanto al registro de sociedades extranjeras, establecimientos permanentes o de cualquier alteración registral en los mismos, entrando en vigor el nuevo sistema el 1 de marzo 2019.

Desde el 11 de febrero están en vigor las modificaciones publicadas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, que siguen y completan a las aprobadas en febrero de 2017.

La principal enmienda afecta a la ampliación de categorías de pagos sujetos a retención que ahora incluirían dividendos, intereses y las prestaciones de servicios.

En cuanto a la retención sobre dividendos, por ahora solo serán aplicables a los de las sociedades anónimas y no a los de las sociedades de responsabilidad limitada.

Sin embargo, la retención sobre los intereses será más amplia y se incluirán los importes obtenidos a través de deuda, anticipos o cualquier acuerdo de naturaleza financiera, con o sin garantía o participación en los beneficios, y se incluirá también los ingresos devengados de bonos, instrumentos y otras cantidades obtenidas como compensación de intereses.

Respecto a las prestaciones de servicios, se ha elaborado una lista de servicios excluidos de dicha retención, tales como:

  • Participación en organizaciones, seminarios, conferencias o exposiciones;
  • Capacitación y formación;
  • Costos de flete y seguro de la carga
  • Billetes de avión y reembolso;
  • Reuniones de consejo de administración;
  • Pagos de reaseguros;
  • Cualquier servicio relacionado con una actividad o propiedad fuera de Omán

Por otro lado, se enfatiza en dichas enmiendas en el uso de los sistemas electrónicos para la realización de dichas retenciones, así como del uso ya general de cara a recepción de notificaciones; para obligar a los contribuyentes, a partir de ahora, se considerará la fecha de publicación y no de recepción como la realmente efectiva por lo que los usuarios deberán estar especialmente atentos para evitar sanciones y penalizaciones.

Ya entraron en vigor los Decretos Supremos nº. 337, 338 y 339 aprobados a finales del año pasado referentes a la reciente reforma tributaria y de la Ley del Impuesto sobre la Renta publicada el pasado mes de septiembre.

Destacamos aquí las limitaciones que recogen estos nuevos Reglamentos en relación a las limitaciones a la deducibilidad de los gastos por servicios intragrupo, así como sobre la tributación de las ganancias de capital en transferencias indirectas acciones.

Respecto a las limitaciones a la deducibilidad de dichos gastos, hay tres aspectos que se deberán demostrar a partir de ahora:

  • Que el servicio prestado proporciona valor económico o comercial a su destinatario
  • Aportar documentación identificativa que justifique la relación entre los intervinientes y el servicio prestado, así como identificar la ganancia obtenida por el prestador del servicio
  • Descripción detallada de los servicios, razones que lo justifiquen, detalle de los costes y gastos incurridos por el prestador del servicio.

En cuanto a las ganancias de capital derivadas de una transferencia indirecta de acciones de una sociedad peruana es que, durante un período de 12 meses, se transfieran acciones que representen al menos el 10% del capital de la entidad extranjera. Además, el Decreto Supremo nº 338 establece detalles adicionales para calcular dicho 10%.

Otro de los requisitos es que el valor de mercado de las acciones de la entidad peruana debe representar, al menos, el 50% del valor de mercado de la entidad extranjera que se transfiere.

La reforma sobre la Ley del Impuesto sobre la Renta también modificó algunos conceptos que han debido ser aclarados, tales como el de devengo, que en relación a eventos futuros, relativos a ventas o producción, se considerará que dichos importes se devengarán cuando se produzca realmente tal evento que genere sus rentas correspondientes.

ESPAÑA:  Alto a las políticas fiscales agresivas en las empresas: el “compliance” tributario

La UNE 19602 acaba de ver la luz a finales de febrero. El objetivo principal es la implementación de políticas y procedimientos que minimicen el riesgo de incumplimiento fiscal y que, en caso de irregularidad, la empresa pueda acreditar su voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales con la mejor diligencia.

Si se puede demostrar que no hay voluntad elusoria, estaremos ante una infracción administrativa, no ante un ilícito penal, incluso aunque se superen los 120.000€ de infracción, por lo tanto, la nueva UNE viene a convertirse en una atenuante de la responsabilidad penal de la persona jurídica, siendo compatible con la UNE 19601 de compliance penal.

Lo más novedoso es la incorporación de procedimientos de “diligencia debida” en la contratación y control del desempeño de personas en posiciones especialmente expuestas: responsables tributarios y financieros, que deberán disponer de experiencia y referencias previas.

La norma es aplicable a entidades de todos los tamaños y actividad y prevé auditorías regulares sobre los procedimientos establecidos en plazos previamente determinados.

Además, se establecerá un canal de denuncia anónimas, al que puedan dirigirse personas internas o terceras de modo anónimo o confidencial con sospechas fundadas.

El pasado 16 de febrero entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/1191 que facilita la libre circulación de los ciudadanos simplificando los requisitos de presentación de determinados documentos públicos en la Unión Europea. El Reglamento suprime trámites, y pretende crear una especie de espacio europeo único documental, poniendo fin a una serie de procedimientos burocráticos.

El objetivo esencial es la eliminación de la exigencia de legalización o apostilla, en un conjunto muy significativo de documentos públicos, para que los expedidos en un Estado miembro puedan utilizarse a efectos oficiales en otro Estado miembro,

Los documentos públicos que se verán principalmente afectados son aquellos “cuyo principal objetivo es establecer uno o más de los siguientes hechos: a) el nacimiento; b) que una persona está viva; c) la defunción; d) el nombre; e) el matrimonio, incluidos la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil; f) el divorcio, la separación judicial y la anulación del matrimonio; g) la unión de hecho registrada, incluidas la capacidad para inscribirse como miembro de una unión de hecho y la condición de miembro de una unión de hecho registrada; h) la cancelación del registro de una unión de hecho, la separación judicial o la anulación de una unión de hecho registrada; i) la filiación; j) la adopción; k) el domicilio o la residencia; l) la nacionalidad; m) la ausencia de antecedentes penales”;

Por lo tanto, la modificación sobre los trámites burocráticos tendrá el siguiente alcance:

  • Los documentos públicos como partidas de nacimiento, actas de matrimonio o resoluciones judiciales…) y sus copias certificadas expedidas por las autoridades de un país de la UE deben ser aceptados como auténticos por las autoridades de otro país de la UE sin necesidad de un sello de autenticidad (la apostilla).
  • No será necesario aportar el original del documento público y la copia certificada. Si un país de la UE permite la presentación de una copia certificada de un documento público en lugar del original, las autoridades de dicho país deben aceptar una copia certificada del mismo del país de la UE en el que se haya expedido el documento público.
  • Impresos multilingües: se limitan así las traducciones de documentos públicos; los ciudadanos pueden solicitar a las autoridades un impreso estándar multilingüe, disponible en todas las lenguas de la UE. Si las autoridades del país de la UE receptor exigen una traducción certificada del documento público presentado por el ciudadano, deben aceptar una traducción certificada hecha en cualquier país de la UE.

También es aplicable este Reglamento a los documentos que puedan exigirse para el ejercicio del derecho de sufragio activo y pasivo por ciudadanos de la Unión residentes en un Estado miembro del que no son nacionales.

EXTERNA CORPORATIVO te ayuda en tus prestaciones de servicios on line

En este mundo rápido, cambiante y accesible, no podemos quedarnos atrás y muchas empresas se encuentran en posición de ofrecer sus productos online, abriéndose así a un mercado mucho más amplio y diverso, pero también con ciertos condicionantes fiscales y formales que debemos considerar y prever en las relaciones comerciales con los clientes finales.

En EXTERNA CORPORATIVO, te ayudamos a prever y organizar desde el punto de vista jurídico y fiscal tus prestaciones electrónicas sean del tipo que sean. Que tus negocios y tu vida no se resientan.

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El 29 de enero, se firmó, el Programa Nacional de Desarrollo Industrial y Logística, la iniciativa más grande lanzada hasta ahora en el marco del plan de reforma Saudi Vision 2030. Diseñado para diversificar la economía nacional tras la caída del precio del petróleo en 2014 y el gran impacto que esto supuso para este Estado tan dependiente del mismo.

La nueva iniciativa prevé destinar casi medio billón de dólares y la creación de hasta 1,6 millones de nuevos empleos que afectarán a los sectores de la minería, industria, logística y energía. El objetivo es potenciar el sector industrial y reducir las importaciones.

El programa incluye 300 iniciativas y el pasado lunes se firmaron ya 37 acuerdos. Treinta y cuatro agencias gubernamentales trabajan ya en su implantación. Destacan acuerdos ya firmados en el marco de industria militar con entidades francesas y belgas y se anuncian importantes oportunidades para el capital y la inversión extranjera.

El 1 de enero de 2019, el Reino de Bahrein se convirtió en el tercer estado miembro del Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) en introducir el Impuesto sobre el Valor Añadido, con una tasa estándar del 5%, siguiendo los pasos de los Emiratos Árabes y el Reino de Arabia Saudí.

Sobre la base del acuerdo firmado en junio de 2016 por los seis estados miembros del CCG, sobre el IVA, Arabia Saudí y Emiratos Árabes introdujeron este impuesto a principios de 2018, mientras que Bahrein se convertirá en el 2019, en el tercer estado miembro en introducirlo, al que se espera que sigan Omán, Qatar y Kuwait.

Sin embargo, la Ley del IVA de Bahrein, difiere de las aplicadas en Emiratos y Arabia Saudí, en particular en lo que respecta a las exenciones y la calificación de cuota cero. Por el momento este país aplicará una tarifa cero al suministro e importación de productos alimenticios y a la construcción de nuevos edificios, además de a los servicios de educación y salud, servicios de transporte, el petróleo y el gas y los derivados, exportación de servicios a un cliente que reside fuera de los estados CCG, o el suministro o importación de inversión en oro, plata y platino con un nivel de pureza no inferior al 99%…, entre otros.

La venta y el arrendamiento de bienes raíces, así como ciertos servicios financieros (con una tarifa implícita) estarán exentos del IVA.

Sin embargo, este impuesto tendrá un período de aplicación transitoria por lo que se establecen umbrales para el registro en el IVA, en este contexto, existirá la obligación de registrarse a efectos de IVA en el Reino de Bahrein para los residentes en dos casos:

  • Si el valor de los suministros en los 12 meses anteriores supera los 37,500 BHD, o bien,
  • Si se prevé que el valor de los suministros en los próximos 12 meses supere los 37,500 BHD.

Las empresas que se encuentren por debajo del umbral obligatorio no están obligadas a registrarse en 2019, sin embargo, para quienes deseen registrarse voluntariamente en 2019, deben superar el umbral de registro voluntario de 18,750 BHD

En lo que respecta a los no residentes, no habrá umbrales de transición para ellos, y deberán registrarse a efectos de IVA, independientemente del valor de los suministros, cuando realicen suministros sujetos a este impuesto.

Queda abierta la posibilidad, para quienes realicen exclusivamente suministros con cuota cero, de solicitar ser eximidos del registro en el IVA.

Por último, destacar que esta nueva ley establece en su art 63, infracciones que pueden llegar a considerarse como evasión fiscal y que podrían dar lugar a penas de encarcelamiento como, por ejemplo:

  • No registrarse en el IVA en los 60 días posteriores a la fecha límite de inscripción
  • No pagar el IVA dentro de los 60 días posteriores a la fecha límite de pago
  • No proporcionar una factura que incluya este impuesto
  • Cobrar el IVA en artículos no imponibles
  • O la recuperación injustificada de IVA.

Así mismo, las empresas tendrán la obligación de conservar las facturas y los registros contables durante 5 años desde el final del año de emisión de cada factura; y en lo que respecta a operaciones con bienes raíces y propiedades, esta obligación de conservación de documentos, deberá mantenerse durante 15 años.

Transitoriamente, respecto a los contratos con organismos gubernamentales, los suministros realizados en virtud de contrato firmado con el Gobierno antes del 1 de enero de 2019, se tratarán como exentos hasta que el contrato se renueve o hasta el 31 de diciembre de 2023, lo que suceda antes.

El Estado de México no se queda de brazos cruzados en las controversias con su vecino, Estados Unidos. En un Decreto firmado el pasado 29 de diciembre y que entra en vigor este 1 de enero de 2019, se han aprobado determinados incentivos fiscales para todas aquellas entidades que cumplan determinados requisitos entre los que destaca la residencia en alguno de los 43 municipios fronterizos con USA.

El Decreto también exige que dichas entidades reciban el 90% de sus ingresos con procedencia en esa región y se excluye expresamente de estos incentivos a las entidades que obtienen ingresos de activos intangibles.

En un principio, las medidas afectan a una reducción del 30% al 20% en el impuesto de sociedades y una reducción del 50% en el IVA, pasando del tipo genérico del 16% al 8%.

El 17 de mayo de 2018, el Ministerio de Finanzas sueco presentó una propuesta legislativa al Consejo Sueco de Legislación que, entre otros puntos, proponía revisar la tributación del empleo temporal en Suecia y establecer mayores obligaciones administrativas para los empleadores extranjeros, para su entrada en vigor el 1 de enero de 2019.

Esta nueva normativa supone la aplicación de un nuevo concepto de “empleador económico” respecto a trabajadores de empresas extranjeras desplazados temporalmente a Suecia.

Actualmente, Suecia aplica el término “empleador formal“, lo que significa que los ingresos laborales atribuibles al trabajo realizado en Suecia para una empresa sueca pueden estar exentos de impuestos en virtud de la denominada regla de 183 días, siempre que el trabajador esté empleado en su país de origen y cobre en él su salario.

Mientras que el nuevo término aplicable de “empleador económico” considera que el beneficiario del trabajo del empleado, debe ser considerado empleador, con las consecuencias fiscales resultantes.

La nueva normativa pretende que la llamada regla de 183 días, -que normalmente permite la exención de impuestos para extranjeros durante seis meses- se complemente con una excepción para la contratación laboral, es decir no se aplicaría a la contratación de mano de obra.

El Ministerio de Finanzas pone algunos ejemplos al respecto: el personal de una empresa extranjera subcontratada por una empresa sueca de construcción para realizar trabajos de construcción en una fábrica sueca, se considerará parte integrante del negocio de la empresa de construcción sueca (no de la fábrica), siendo la primera el “empleador económico” en Suecia.

En otro ejemplo, se expone que, en el caso de un trabajador de una empresa matriz extranjera, que trabaje temporalmente con una filial sueca para garantizar que la filial sigue la estrategia de marketing del Grupo, no se considerará “empleador económico” a la empresa sueca.

Los empleadores extranjeros deberán presentar información suficiente para que pueda evaluarse su responsabilidad tributaria, podrán acceder a deducciones fiscales respecto al salario de los trabajadores durante su estancia en Suecia, pero esto también significará una obligación para la empresa extranjera de registrarse como empleador en Suecia y presentar una declaración mensual como tal.

Sin embargo, la aplicación de estas modificaciones se retrasa y por el momento, no tendrán efecto en enero de 2019, pendiente de confirmar por el Gobierno su nueva fecha de entrada en vigor. Por este motivo, aun no es exigible la notificación obligatoria sugerida por la Agencia Tributaria Sueca a las personas que trabajen en Suecia durante más de cinco (5) días, principalmente porque la introducción del concepto de “empleador económico” tendrá importantes consecuencias para las empresas extranjeras que desplacen trabajadores y la Agencia Tributaria Sueca debe asignar recursos y procedimientos que aseguren estos cambios fiscales de manera eficiente, situación que por ahora no se encuentra garantizada. Esto no significa que se haya desechado la propuesta, sino que las entidades extranjeras con este tipo de intereses, deberán estar atentas a su próxima entrada en vigor.

Cediendo al fin a las presiones de la Unión Europea y tal y como ya se había anunciado, la Ley de Finanzas introduce modificaciones para estas entidades que afectarán ya a los períodos contables iniciados a partir del 1 de enero de 2019.

Si bien la modificación fiscal no afecta al tipo genérico del Impuesto de Sociedades que seguirá en el 12,5%, sí se eliminará el conocido como “doble irlandés” que permitía tener a estas entidades ramificaciones societarias en paraísos fiscales generando así un gran ahorro tributario.

El artículo 5 de la Directiva de Evasión de impuestos de la UE exigía que Irlanda introdujera un impuesto de salida a esas entidades antes del 1 de enero de 2020.

La Ley de Finanzas de Irlanda, ha introducido un impuesto de salida que aplica una tasa del 2,5% a las ganancias que surgen cuando una empresa deja de ser residente en Irlanda, o una empresa no residente transfiere los activos o el negocio de su empresa, la sucursal irlandesa o su establecimiento permanente a otro país de la UE.

El impuesto de salida no se aplicará a las entidades que dejan de ser residentes fiscales en Irlanda cuyos activos, que se utilizaron para los fines de actividad empresarial previa, siguan estando situados en Irlanda o utilizados a los mismos efectos en ese Estado, a través de una sucursal o un establecimiento permanente después de la salida.

UNIÓN EUROPEA:  IVA: Modificación en las reglas de localización de los servicios de telecomunicación, radiodifusión o televisión y los prestados por vía electrónica

Hasta ahora, como regla general, teníamos que los servicios de telecomunicación, radiodifusión, televisión y aquellos prestados por vía electrónica, a clientes particulares residentes en algún país de la Unión Europea, se consideraban prestados en el lugar de residencia del consumidor y, por lo tanto, debían incluir el IVA del país en el que el consumidor final residía.

Desde el 1 de enero de 2019 esto ha sido modificado. Se ha establecido un umbral de 10.000€ (a considerar según el año inmediatamente anterior) por debajo del cual, el prestador de servicios podrá facturar con el IVA del Estado en el que se encuentre ubicado y desde el que realice el servicio.

Por encima de ese umbral, el IVA con el que deberá emitir las facturas el prestador de servicios será el del lugar de residencia del consumidor final y destinatario del servicio.

Para aplicar esta norma el empresario o profesional deberá estar establecido en un único Estado miembro, exigencia que podría entrar en colisión con las exigidas para la declaración de Establecimiento Permanente en algunos casos en los Estados en los que se desarrolla actividad empresarial, por lo que habrá de analizarse adecuadamente cada caso.

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