En los últimos años Canadá ya ha dado pasos en el ámbito del control de la evasión fiscal, delitos financieros y lavado de dinero, pero finalmente, a partir del mes de junio de 2019 entra en vigor la Ley de Corporaciones Comerciales con medidas concretas a aplicar tanto a nivel federal como provincial.
La medida principal es la obligación de las empresas privadas de elaborar un registro de personas que, de modo directo o indirecto, tengan un “control significativo” sobre la corporación para determinar quienes son los beneficiarios reales últimos.
Esta medida ya está muy extendida en países de nuestro entorno, pero no ha sido de fácil implantación en otros en los que ha entrado en directa colisión con políticas fiscales más laxas.
Por “control significativo” se entenderá, de acuerdo a la nueva Ley de Corporaciones Comerciales, el que tiene toda persona que ostente el 25% o más de los derechos a voto o el 25% o más del valor de la compañía, ya sea de modo directo o no.
Esta obligación exige la actualización del registro con periodicidad anual y conlleva sanciones al órgano de administración si no se realiza el registro y/o su actualización.
La nueva exigencia es de obligación para todo tipo de negocios y sectores, así como para fideicomisos y asociaciones, ya sean de origen local o extranjero.
Las sanciones pueden variar según los Estados y a modo de ejemplo indicamos que en el Estado de Nueva Columbia, por no revelar el titular real último la multa podría establecerse en un importe hasta de CAD 100,000 o el 15% del valor de la propiedad.
