El nuevo Decreto-Ley 15/2017 de 6 de octubre, de medidas urgentes en materia de movilidad de operadores económicos, reforma la Ley de Sociedades de Capital, y facilita el cambio de domicilio social a las empresas dentro del territorio nacional, pese a que sus estatutos establezcan de forma clara, que esa decisión corresponde a la Junta de Accionistas.
Cambiar el domicilio social de una empresa, manteniéndolo en la misma ciudad, normalmente lo podía hacer el órgano de administración, salvo que se hubiera previsto estatutariamente otra cosa. Sin embargo, cambiar la sede social de la ciudad en la que está, era competencia reservada e indelegable de la junta general.
La nueva modificación incluye en el art 285 de la Ley de Sociedades de Capital, que excepcionalmente, el órgano de administración será competente para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional, salvo disposición contraria de los estatutos, y se considerará que hay disposición contraria de los estatutos solo cuando los mismos establezcan expresamente que el órgano de administración no ostenta esta competencia.
Además, se incluye una disposición transitoria que subraya que se entenderá que hay disposición contraria de los estatutos, solo cuando con posterioridad a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley se hubiera aprobado una modificación estatutaria que expresamente declare que el órgano de administración no ostenta la competencia para cambiar el domicilio social dentro del territorio nacional.
