Octubre también ha sido el mes en el que el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley dirigido a gravar determinados servicios digitales, mientras todavía está en debate en la UE la propuesta de directiva sobre este tema, que se discutirá en el mes de noviembre en el ECOFIN.
La propuesta española se centra en la tributación de las grandes empresas digitales, y su anticipación al acuerdo a nivel europeo se justifica en la necesidad de que ayude a financiar las pensiones. Este es el objetivo por el que el Gobierno pretende empezar a recaudarlo en 2019, siguiendo la línea de lo que ya están haciendo otros países como UK, Italia, Francia o Alemania.
Este nuevo Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales gravará a empresas con ingresos anuales totales de, al menos, 750 millones de euros y con ingresos en España superiores a los 3 millones de euros, con un 3% de sus servicios de publicidad en línea, servicios de intermediación en línea y la venta de datos generados a partir de información proporcionada por el usuario.
Por el momento, este borrador parece que no ha valorado la posible distorsión de la competencia de los contribuyentes del Impuesto español, ni la confusión jurídica y la inseguridad fiscal para las empresas, que este tipo de soluciones unilaterales y rápidas por país pueden generar. Tampoco hace mención a la necesidad de reformar el impuesto de sociedades respecto a la declaración y gravamen de los beneficios allí donde las empresas lleven a cabo una interacción significativa con los usuarios mediante canales digitales, lo cual ha propuesto la Comisión Europea, para evitar lo que sería una doble imposición.
