Finalmente, y no sin dificultad y reticencia, el Gobierno ruso ha aprobado la entrada en vigor de la Ley federal N215 sobre la identificación sobre los titulares reales de las personas físicas que obtengan beneficios empresariales.
La obligación de recabar la información y comunicarla recae sobre las personas jurídicas, quienes deberán identificar a todos los representantes que intervengan en su accionariado, incluidos sus fundadores. Las sanciones a empresas por su incumplimiento pueden ascender a 500.000 rublos rusos.
La norma aclara que el recabar dicha información no viola la ley federal sobre protección de datos personales y establece un listado de empresas que no están obligadas a cumplir con este requisito.
