Bajo la atenta supervisión del Consejo Europeo que tiene como prioridad la transposición en plazo de Directivas de la Unión Europea, lo cual se convierte en un índice de eficacia y credibilidad de los Estados miembros de la UE, el Real Decreto-Ley 9/2017, de 26 de mayo, era muy esperado ya que transpone al ordenamiento jurídico español varias Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y especialmente en lo que respecta al desplazamiento de trabajadores.
España siempre había demostrado un buen cumplimiento en plazo, pero la situación de Gobierno en funciones durante 2016 retrasó este tipo de compromisos que podrían implicar sanciones pecuniarias y una falta de credibilidad política en el seno de la Unión.
Destacamos la importancia de la transposición actual con respecto a la Directiva UE de 15 de mayo de 2014 en el ámbito del desplazamiento de trabajadores a otros países para la prestación de servicios, y que pretende garantizar un control más efectivo de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores desplazados, intentando evitar que las empresas que prestan servicios en España no apliquen peores condiciones a los trabajadores desplazados.
Además, se incluyen los principios de asistencia y reconocimiento mutuos, se garantiza la efectividad en la aplicación y el cobro de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en materia de desplazamiento de trabajadores.
