A partir del 1 de enero de 2017 entrará en vigor una nueva ley por la que se permitirá a los empleadores y sindicatos elaborar un sistema de evaluación independiente de las cualificaciones profesionales para cada puesto laboral.
Este procedimiento ya existía como obligatorio para determinados puestos y también para empresas dependientes del Estado, consistiendo en conformar las cualificaciones de los solicitantes a las disposiciones de un estándar profesional o requisitos establecidos por las leyes federales.
Será obligatorio para los contadores en las sociedades anónimas abiertas (salvo entidades de crédito) y los fondos de inversión entre otras, estando, estas sociedades, obligadas a evaluar a los trabajadores que se encuentren desempeñando las funciones susceptibles de reunir estas cualificaciones, tanto los presentes como los solicitantes.
En todo caso, es responsabilidad del empleador aplicar los estándares profesionales establecidos incluyendo la ley una serie de penalizaciones económicas para el caso de su incumplimiento.