La Comisión Europea ha propuesto una nueva Directiva para reforzar la protección de los informantes de irregularidades (“whistleblowers”) en toda la UE.
Esta Directiva se dirige a garantizar la protección de quienes notifiquen infracciones de la legislación de la UE en materia de: contratación pública, servicios financieros, blanqueo de capitales y financiación del terrorismo; seguridad de los productos y en el transporte; protección del medio ambiente; seguridad nuclear; seguridad de los alimentos y piensos, salud y bienestar de los animales; salud pública; protección de los consumidores; privacidad, protección de datos y seguridad de las redes y los sistemas de información. También se aplicará a las infracciones de las normas de competencia de la UE, las vulneraciones de las normas relativas al impuesto sobre sociedades (IVA incluido) y el daño a los intereses financieros de la UE.
Se proponen normas mínimas que garanticen esta protección y requiere a los Estados miembros para la puesta en marcha de canales seguros, que protejan a los denunciantes del despido y de otras formas de represalias, como el acceso al asesoramiento gratuito y a las vías de recurso adecuadas, y la inversión de la carga de la prueba, de modo que la persona u organización deberán demostrar que no se trata de una represalia contra el informante de irregularidades.
La propuesta recoge que todas las empresas de más de 50 empleados o con un volumen de negocios anual de más de 10 millones de euros, deberán crear un procedimiento interno para gestionar los informes de los denunciantes de irregularidades; y se aplicará también a todas las administraciones nacionales y regionales, así como a los municipios que tengan más de 10.000 habitantes.
